Primer trimestre avanza sin conocer leyes electorales

La comisión del CES y partidos que estudian la modificación a las leyes electorales iniciaron los trabajos este año.

Muchas de las propuestas de la JCE no cuentan con el respaldo de los partidos, como la que busca eliminar el voto preferencial a nivel municipal y que la JCE no administre los procesos internos de los partidos para escoger los candidatos a cargos de elección popular.

El tercer trimestre del 2022 avanza sin que hayan sido sometidos al Congreso los proyectos para modificar la ley 33/18 de Partidos Políticos y 15/19 del Régimen Electoral, cuando faltan un año y 11 meses para las votaciones municipales y poco más de dos para las presidenciales y congresuales. De hecho, esas iniciativas no figuran en la lista de los proyectos priorizados en las cámaras legislativas en la legislatura que inició el 27 de febrero.

Mañana hay un nuevo encuentro de la mesa del Consejo Económico y Social (CES) que discute el tema en la sede de la Junta Central Electoral (JCE) y el miércoles vence el plazo que dio el órgano comicial a los partidos políticos para que depositen sus propuestas y observaciones a la propuesta de modificación que hizo la JCE.

Hasta el momento, al menos 20 partidos han presentado sus propuestas a la JCE, quedan pendiente el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP). El presidente de la JCE, Román Jáquez, ha advertido sobre la necesidad de que la modificación a esas legislaciones se apruebe lo antes posible por el impacto que tienen en la organización de las elecciones. De hecho, la JCE no ha presentado el cronograma de las elecciones del 2024, uno de los pasos que traza la pauta de trabajo electoral.

El organismo se ha concentrado en la reestructuración de las juntas electorales y trabaja en la reconfiguración del Departamento de Informática que ha sido objeto de crítica de los partidos políticos.

¿Qué propone cambiar la JCE?

La JCE luego de un largo análisis plantea, entre otras sugerencias, que el órgano no administre los procesos internos de los partidos para escoger los candidatos a cargos de elección popular, como manda la ley 33/18.

La mayoría de los partidos no respalda la propuesta del órgano, en ese punto según han expresado dirigentes cuestionados por elCaribe.

Igualmente, propone la eliminación del voto preferencial al menos en el nivel municipal, sobre ese particular, los partidos mayoritarios no están de acuerdo, pero varios de los que forman parte del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Foppredom), han externado que debe eliminarse, tanto a nivel municipal como de diputación por circunscripciones.

Con relación a ese punto, el presidente de la JCE, Román Jáquez, ha dicho que el voto preferencial ha distorsionado la política porque en la práctica se ha convertido en un voto económico. “La primera de ellas es que dificulta el escrutinio en el nivel municipal; en segundo lugar, el voto preferencial ha pasado de temático a voto mercurial y económico, donde los candidatos que tengan más recursos son los que ganan las curules”, señaló en entrevista con elCaribe y CDN.

La JCE también propone una cuota 50/50 de candidaturas entre hombres y mujeres, pero varios dirigentes de los partidos consultados sobre ese tema han dicho que no apoyarán la propuesta y que abogan por mantener el 60/40.

El órgano también propone que los debates electorales sean obligatorios y organizados por la JCE. Con relación a eso, los partidos no se han pronunciado.

Propone un Ministerio Público Electoral

En el marco de la modificación de la ley 15/19, la JCE propone un nuevo capítulo que sería el Ministerio Público Electoral que tendrá la responsabilidad de la investigación y persecución de los delitos electorales y estaría adscrita a la Procuraduría General de la República. “La dirección para la investigación y persecución de los delitos electoralesy crímenes electorales será dirigido por un procurador general adjunto o un procuradur general de corte de apelación proveniente de la carrera del Ministerio Público y tendrá competencia a nivel nacional”, señala la propuesta. Establece que ese funcionario será designado por el Consejo Superior del Ministerio Público mediante concurso público que debe realizar con no menos de dos años de anticipación a las elecciones. La propuesta sugiere que su mandato sea por un período de cuatro años y podrá ser renovado por un segundo y único período consecutivo. Igualmente, señala que serían designados cuatro adjuntos también provinientes de la carrera del Ministerio Público y que hayan participado en el concurso público y obtenido la segunda, tercera, cuarta y quinta mejor puntuación en las evaluaciones. Propone que haya al menos dos fiscales por provincia.

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