El país ya no está en la lista de vigilancia de los Estados Unidos
Santo Domingo. -Estar bien con los Estados Unidos, definitivamente es una política del actual Gobierno; no solo en las relaciones comerciales y diplomáticas, también en lo que tiene que ver con perseguir los delitos orquestados por redes de criminalidad organizada con vínculos en esa nación.
La reciente operación desplegada por el Ministerio Público (MP) a la que han denominado Cattleya, mediante la cual se desmanteló una presunta red de trata de personas, especialmente mujeres colombianas y venezolanas explotadas sexualmente, es la mejor evidencia.
Johanna Bejarán Álvarez, Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) agradeció que El Departamento de Estados de Estados Unidos reconociera avances en la persecución de este delito.
En la edición enero/marzo de la revista institucional del MP, se informó que durante el 2021 la PETT obtuvo medida de coerción contra 286 imputados por trata y tráfico de personas.
La institución refiere que por trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, esclavitud y prácticas análogas, violación sexual, explotación sexual comercial y con fines de adopción irregular, hay 23 casos judicializados, en tanto que por tráfico los procesos en curso son 140.
“Fueron abiertas 35 investigaciones sobre delitos de trata de personas para fines de explotación sexual y proxenetismo, mientras que otras 21 investigaciones corresponden a tráfico ilícito de migrantes”, relata la revista.
Un total de 65 víctimas de trata, entre ellas 31 menores de edad de las cuales 23 eran mujeres y ocho masculinos fueron asistidas por la entidad, en tanto que 75 menores de edad, 29 femeninas y 46 masculinos que eran objetos de tráfico ilícito fueron rescatados y asistidos.
Un caso en el limbo
El agradecimiento de la titular del PETT se debe a que en el 2019, el país fue colocado en la lista de vigilancia del nivel 2 junto a Barbados Aruba y Curazao en el informe del Departamento de Estados.
“El Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. El Gobierno no informó sobre el resultado de las investigaciones de los casos de complicidad oficial en la trata, y hubo preocupación por la validez del número de víctimas identificadas, dadas las acusaciones de complicidad en la oficina del fiscal de la trata”, dijo en 2020 el Departamento de Estado cuando notificó la colocación de RD en lista de vigilancia por no satisfacer las normas mínimas para la eliminación de la trata.
Ante ese panorama es que a siete meses de ser designada Miriam Germán como procuradora general y producirse un cambio en las autoridades del Ministerio Público, la inspectoría de esa institución solicitó la suspensión del procurador adjunto y titular de la PETT, Bienvenido Ventura Cuevas, para fines de investigación.
En el documento que sirvió de base para que el Consejo Superior del Ministerio Público dispusiera la suspensión se describen actuaciones procesales de Ventura Cuevas para favorecer imputados irregularmente en algunos casos, y en otros perjudicarlos sin cumplir el debido proceso. También, describe actos de soborno, desacatos de decisiones judiciales y la desaparición de vehículos y dineros previamente ocupados en allanamientos.
A un año y cinco meses de la suspensión se desconoce qué ha pasado con el caso seguido a quien la Corte de Apelación penal del Distrito Nacional condenó a pagar una multa de RD$69,000.00 en el caso denominado “Malecon Center”.
¿Qué dijo USA en su informe de 2020?
“El Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. El Gobierno no informó sobre el resultado de las investigaciones de los casos de complicidad oficial en la trata, y hubo preocupación por la validez del número de víctimas identificadas, dadas las acusaciones de complicidad en la oficina del fiscal de la trata”, dijo en 2020 el Departamento de Estado cuando notificó la colocación de RD en lista de vigilancia por no satisfacer las normas mínimas para la eliminación de la trata.
Sin embargo este año, cuando reportó la exclusión del listado de vigilancia antes mencionado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, refirió que la Procuraduría les notificó que inició en 2020 unas 63 investigaciones (59 por tráfico sexual, cuatro por tráfico laboral), en comparación con 26 investigaciones en 2019, 11 en 2018, 17 en 2017 y 25 en 2016 y que esa misma institución logró obtener condenas para cuatro traficantes, en comparación con cinco en 2019, 22 en 2018, 16 en 2017 y 13 en 2016.
