El más reciente proyecto de Ley de Agua Potable y Saneamiento no solo quita al Inapa y a las coras la función de planificar y regular el sector, también establece como infracción grave incumplir con la correcta disposición y tratamiento de las aguas residuales.
La pieza, autoría del presidente Senado, Eduardo Estrella, dispone que un mismo organismo no podrá desempeñar a la vez las atribuciones de órgano rector, regulador y prestador del servicio de agua potable y saneamiento.
La iniciativa asigna al Ministerio de Salud Pública el rol de entidad rectora del sistema y para la regulación crea la Superintendencia de Agua Potable y Saneamiento.
De acuerdo con esta legislación, (perimida a inicio de año) las funciones del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), y las coras se limitan a prestadores de servicio, sujetos a supervisión y sanciones en caso de incumplimiento.
Por consiguiente, se clasifica como infracción muy grave incumplir con la obligación de establecer sistemas de tratamiento que impida que los residuos sólidos o aguas residuales de cualquier tipo alteren la calidad de los cuerpos de aguas.
El régimen de sanciones e infracciones a los prestadores, también tipifica de muy grave causar daños o generar riesgos a la salud de la población, el medioambiente y los recursos hídricos.
La Superintendencia impondrá a los prestadores que incurran en las infracciones indicadas en los artículos 182, 183, 184, según la naturaleza jurídica, reiteración, gravedad y el perjuicio causado multas desde 501 a 10,000 salarios mínimo para las muy graves.
En los casos de infracciones graves, prevé amonestaciones desde 101 a 500 salarios mínimos y para las faltas leves contempla multas desde 10 hasta 100 salarios mínimos.
La rescisión de contrato o suspensión temporal, así como la cancelación de la licencia serán aplicadas por el Ministerio de Salud Pública a solicitud de la Superintendencia.
Contras los usuarios
El régimen sancionador también toca a los usuarios. Califica como una sanción grave descargar aguas residuales en las redes de drenaje y alcantarillado sin haber cubierto las cuotas o tarifas respectivas o sin contar con el permiso de descarga correspondiente.
De igual forma, clasifica como grave verter las aguas residuales alrededor de la vivienda, instalaciones o vías de tránsito.
La pieza legislativa define como infracciones muy graves aquellas acciones que ponen en alto riesgo la estabilidad y seguridad de los sistemas de agua potable y saneamiento y las que afecten de manera consecuente y deliberada la calidad del servicio.
En esta categoría entra descargar o verter líquidos contaminantes a los sistemas de saneamiento que superen los límites máximos permisibles contenidos en las normas.
Pieza separa funciones de los entes involucrados
El proyecto de ley busca separar las funciones de formulación de políticas y planificación del sector, las de regulación, fiscalización y control de los servicios y las de prestación. Persigue, además, la protección de la salud, el medioambiente y los recursos hídricos de acuerdo con las políticas establecidas por las autoridades competentes. Con su aprobación, se trata de asegurar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de provisión de agua potable y saneamiento y promover su expansión para lograr el acceso generalizado a los mismos.
