La violencia vicaria es clasificada como una forma de violencia machista. En esta modalidad, el agresor no ataca directamente a la mujer, sino que utiliza a las personas que ella más quiere para causarle el máximo sufrimiento emocional. El agresor instrumentaliza a los hijos, hijas, personas cercanas o aquellos que están bajo la tutela de la víctima con el propósito de infligir dolor.
Este tipo de violencia es especialmente cruel, ya que convierte a los hijos en “munición psicológica” utilizada para lastimar a la madre. Esto, inevitablemente, genera traumas profundos en los menores.
La República Dominicana está a punto de dar un paso crucial en la protección de las mujeres y la infancia. Gracias a una reforma integral impulsada por legisladoras dominicanas, el país se prepara para reconocer la violencia vicaria como un delito autónomo. Este avance marca un hito: es la primera vez que el país introduce esta figura específica en su sistema penal.
Manifestaciones Crueles y el Cierre del Vacío Legal
Las formas en que se manifiesta la violencia vicaria son variadas y buscan erosionar la vida de la víctima. Incluyen amenazas serias hacia los hijos o hijas, como la posibilidad de secuestro o daño físico.
El agresor también puede utilizar su posición para obstaculizar intencionadamente tratamientos médicos o la educación escolar de los menores. De igual forma, aprovecha los momentos establecidos de visitas o custodia para agraviar, humillar o manipular a la madre. Otra táctica común es interferir en el vínculo materno-filial mediante la difusión de mentiras o acusaciones falsas.
La tipificación es parte del proyecto denominado “Déjala Ir”. Esta iniciativa busca revisar y actualizar leyes clave, como la Ley 24-97 de Violencia Intrafamiliar, el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y el nuevo Código Penal (Ley 74-25 de 2025), para así cerrar los vacíos legales en materia de violencia de género.
Tipificación Urgente: La Respuesta a la Emergencia
La decisión de incorporar la violencia vicaria subsana una omisión histórica: hasta ahora, no existía una figura legal específica que castigara esta modalidad en la República Dominicana. La reforma “Déjala Ir” pretende subsanar esta carencia.
Con la promulgación del nuevo Código Penal 74-25 en agosto de 2025, el país inicia un proceso de modernización penal que permite incorporar delitos emergentes y reforzar la protección de las víctimas.
La propuesta surge en un contexto de gran preocupación social debido al alza de feminicidios, filicidios y violencia contra la infancia. Las legisladoras exigen que estos casos sean tratados como una emergencia nacional.
Además, al incorporarla, la República Dominicana cumple con compromisos internacionales que exigen reconocer las múltiples formas de violencia hacia las mujeres e infancia. Países como España ya han empezado a tipificarla legalmente, lo que sirve como referente. Esta medida fortalece el enfoque de género en la justicia y visibiliza lo que históricamente quedó invisibilizado.
Implicaciones Directas para Víctimas y el Sistema Judicial
El reconocimiento legal trae implicaciones directas para las personas afectadas y el sistema judicial. Las mujeres que han sufrido este tipo de violencia podrán exigir su reconocimiento legal como víctimas de violencia de género.
Un cambio crucial es que los niños afectados recibirán atención y protección específica. Serán considerados víctimas directas, y no solo testigos.
El sistema judicial deberá adaptarse con protocolos especializados y capacitación en violencia vicaria. La reforma integral incluye la creación de tribunales especializados y la humanización del sistema de justicia. También se fortalece el desarme de agresores, la prevención de la violencia en cuerpos de seguridad, y se contempla el uso de tecnología para la persecución y monitoreo. Esto incluye el uso de brazaletes electrónicos para vigilar casos de alto riesgo.
Finalmente, la reforma contempla herramientas sociales como el Sistema Nacional del Cuidado para redistribuir las responsabilidades familiares, e incluye un Fondo Nacional para Víctimas de Violencia y terapia obligatoria para los agresores.
