El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó ayer la prisión preventiva impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y a otros cuatro vinculados al presunto desfalco contra esa institución, tras determinar que persisten los riesgos procesales que dieron origen a la medida cautelar.
La disposición fue adoptada durante la revisión obligatoria de las medidas de coerción. El magistrado estableció que no variaron los presupuestos legales que sustentan la reclusión, al ponderar la gravedad de los hechos imputados y la magnitud del perjuicio económico bajo investigación.
En consecuencia, deberán continuar recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras: Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spiekler Mateo.
Durante la audiencia, la defensa de Hazim, encabezada por el abogado Miguel Valerio, manifestó que no contaba con nuevos presupuestos que ameritaran una variación y no presentó objeción al mantenimiento de la prisión preventiva, postura a la que se sumaron los representantes legales de Messina Cruz y Robles Quiñones.
En contraste, el tribunal modificó la medida coercitiva que pesaba sobre Rafael Luis Martínez Hazim, sustituyéndola por arresto domiciliario, al valorar nuevos elementos aportados por sus defensores, entre ellos la ausencia de vínculos accionariales en las empresas investigadas y la reducción del peligro procesal.
Para ejecutar esta variación, el juez impuso el pago de una fianza de 15 millones de pesos mediante contrato de garantía económica, impedimento de salida del país sin autorización judicial y la colocación de un grillete electrónico de localización.
El tribunal fijó la lectura íntegra de la resolución para el 26 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual correrán los plazos legales para que las partes interpongan los recursos procesales correspondientes. En cambio, los abogados de Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiekler Mateo presentaron nuevos elementos para procurar cambios en las medidas de coerción.
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