Mientras la Ley 63-17 es ignorada por costumbre, se anuncian nuevas medidas para enfrentar el caos
En República Dominicana el caos vehicular se ha convertido en parte del paisaje urbano. Más de 6 millones de vehículos colapsan las calles sin orden, sin inspección, sin licencias y, en muchos casos, sin frenos ni luces. Sin embargo, la solución al desorden no está en inventar nuevas medidas ni lanzar operativos improvisados con nombres pomposos. Está, desde hace ocho años, escrita. Su nombre es Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Y junto a ella, otra pieza clave: la Ley 358-05 de Protección al Consumidor y Usuario.
Ambas leyes establecen —con claridad y fundamento— las condiciones para lograr un sistema vial funcional, seguro y justo. El problema no es que la ley esté mal redactada. El problema es que no se cumple.
Promulgada en febrero de 2017, la Ley 63-17 nació para corregir décadas de abandono normativo y suplir las debilidades del sistema anterior. Regula desde la inspección técnica de vehículos hasta la educación vial, las sanciones, licencias, transporte público y la responsabilidad institucional del INTRANT, DIGESETT y los ayuntamientos.
Pero ocho años después, las estadísticas siguen en rojo:
•Más de 3,100 muertes anuales por accidentes.
•Más de 3.5 millones de motocicletas con menos del 1% debidamente licenciadas.
•Miles de vehículos desechados en EE.UU., Corea y Japón en las calles.
•Un sistema de licencias y multas que no corrige, no educa y no previene.
La Ley que prohibe importar basura automotriz (Y nadie aplica).
La Ley 358-0 en sus artículos 40 y 103, establece que: “Se prohíbe la importación de productos cuya comercialización, uso o consumo estén prohibidos en su país de origen por razones de salud, seguridad o medioambiente.”
Esto significa que República Dominicana no debe recibir vehículos descartados por defectos graves. No obstante, se permite el ingreso de autos con historial de accidentes fatales, fallos estructurales, sistemas de freno dañados o airbags desactivados.
¿Resultado?
- Autos reciclados como taxis, Uber o carros públicos.
- Riesgo de muerte para los usuarios.
•Estafa al consumidor.
•Colapso ambiental.
La contradicción es grave: una ley prohíbe la importación, otra regula su circulación, y ninguna se hace cumplir.
¿Qué pasaría si simplemente aplicáramos la Ley 63-17? - Se reducirían los accidentes.
- El parque vehicular sería depurado mediante la Inspección Técnica Vehicular, prevista entre los artículos 175 al 183.
- El sistema de licencias y sanciones funcionaría como un verdadero filtro.
- Se eliminaría el estacionamiento caótico y la invasión de aceras.
Todo esto ya está contemplado. Solo falta voluntad.
La ITV: promesa repetida, ejecución postergada
Desde 2018, al menos cuatro gobiernos han prometido implementar la Inspección Técnica Vehicular. Pero la realidad es otra: - No existe un centro nacional homologado.
- No hay marco de ejecución técnica real.
- No se sanciona la circulación de vehículos en mal estado.
Mientras tanto, los carros salvaged se importan como arroz y son revendidos como “vehículos reacondicionados”.
El perfil del caos
Modelos como el Hyundai Sonata, el Kia K5 y el Honda Civic dominan el parque de autos usados importados: - Son de bajo costo y fáciles de adquirir.
- Muchos llegan con documentación falsa o incompleta.
- Son utilizados frecuentemente en delitos.
¿La solución? No es prohibir su compra. Es aplicar la ley. Inspección técnica. Registro legal. Seguro obligatorio. Licencia vigente.
Epidemia de las motos
De los casi 3.5 millones de motocicletas registradas, solo 10,827 tienen licencia válida. El resto circula sin matrícula, sin casco, sin seguro y sin saber siquiera que existe una ley que los regula. - En 2024, el 65.5% de las muertes por accidentes fueron de motoristas.
- El 83% de los infractores reeducados eran motociclistas.
¿Y qué hace el Estado? Muy poco. Casi nada. La Ley 63-17 exige licencia, casco, examen práctico, seguro y reeducación obligatoria. Pero esto solo existe en el papel.
Importaciones sin control
República Dominicana se ha convertido en un vertedero de vehículos descartados. La falta de controles en aduanas permite que entren: - Vehículos sin historial de mantenimiento.
- Autos irreparables con “títulos de salvamento”.
- Chatarras transformadas en transporte público.
Todo esto viola el derecho al consumo seguro. Y ni ProConsumidor ni Aduanas ni el INTRANT lo impiden.
Licencias
Aunque la Ley 63-17 establece un sistema de puntos, suspensión y reeducación, en la práctica: - Se otorgan licencias sin exámenes prácticos reales.
- No hay cruce de datos entre INTRANT, DGII, seguros ni multas.
- Un conductor puede tener múltiples infracciones sin perder el derecho a conducir.
El sistema, en lugar de filtrar, perpetúa el caos.
•Las sanciones existen, pero no duelen.
Sin consecuencias reales, la norma se convierte en papel mojado.
Incentivos ignorados: la otra cara de la ley.
La Ley 63-17 también incluye beneficios que podrían impulsar el cambio: - Reducción de multas por completar programas de reeducación.
- Incentivos por buen historial de conducción.
- Puntos positivos para renovar licencias más fácilmente.
Pero nunca se han activado. La ley podría educar, pero se ha optado por no usarla.
•El Estado como rehén de su propia omisión República Dominicana no necesita nuevas leyes para resolver su crisis vial. Solo necesita hacer cumplir las que ya existen.
La desidia institucional, la captura de políticas públicas por intereses económicos, y la falta de fiscalización han permitido que cada año mueran más de 3,000 personas en las calles.
No se trata solo de tránsito. Se trata de vidas. Se trata de respeto. Se trata de Estado de derecho.
En conclusión; La ley está escrita. Falta escribir la voluntad.
La solución no requiere ni creatividad ni reformas profundas. Está en blanco y negro desde hace años: - Prohibir la importación de chatarras automotrices.
- Aplicar inspecciones técnicas.
•Exigir licencias reales. - Retirar de circulación vehículos inseguros.
- Educar al conductor y sancionar al infractor.
Lo que falta no es legislación.
Lo que falta es gobierno que haga cumplir la ley, ciudadanos conscientes, y medios que no dejen morir este debate.
¿Y si simplemente cumpliéramos la ley?.
Cuadro comparativo de sanciones (Ley 63-17)
Infracción Sanción según Ley 63-17 Aplicación real
Estacionamiento indebido RD$1,000 – RD$2000 Casi nunca se multa
Conducir sin casco RD$2,000 No se fiscaliza
Licencia vencida Suspensión + multa Se permite circular
Vehículo sin inspección técnica Retiro de circulación No hay control ni aplicación
