Santo Domingo.-El jurista José Martínez Hoepelman calificó las recientes declaraciones de un diputado español sobre la política migratoria dominicana como una «injerencia grosera y un irrespeto a la soberanía nacional».
El legislador europeo, Luc André Diouf Dioh, sugirió durante un encuentro con el grupo «Amigos que Suman» en el país que la República Dominicana debía «normalizar la situación de los haitianos» e implementar mecanismos de regularización masiva de extranjeros.
Invasión a la Soberanía Nacional
Martínez Hoepelman sostuvo que las expresiones del representante extranjero constituyen una intromisión inaceptable en los asuntos internos del Estado dominicano.
El jurista enfatizó que el diseño y la ejecución de las políticas migratorias son una competencia exclusiva de las autoridades nacionales, en apego al principio de soberanía.
Recordó que el artículo 3 de la Constitución de la República establece que «la soberanía nacional es inviolable, y ninguna parte del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio».
Críticas al Respeto Diplomático
Hoepelman declaró que el diputado español, «aun con la buena intención que pretendan sus sugerencias, no tiene autoridad moral ni jurídica para dictar pautas» sobre el manejo de un fenómeno tan delicado como la migración haitiana.
Según el jurista, este tipo de planteamientos «cruzan la línea del respeto diplomático» y «vulneran el principio de no intervención». Señaló que este principio está reconocido tanto en el artículo 26, numeral 1, de la Constitución dominicana, como en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Migración como Tema de Seguridad Nacional
Martínez Hoepelman advirtió que si bien la República Dominicana ha sido históricamente un país solidario y cooperante, esta solidaridad no puede ser confundida con sumisión o la cesión de soberanía ante presiones externas o discursos paternalistas.
El jurista enfatizó que «la migración es un tema de seguridad nacional, de planificación estatal y de dignidad institucional». Por lo tanto, cualquier propuesta que busque alterar este marco debe surgir del consenso dominicano y no de iniciativas foráneas.
Finalmente, Martínez Hoepelman concluyó que la defensa de la soberanía es una obligación patriótica y un principio esencial del derecho internacional, y que no debe interpretarse como un acto de xenofobia o de hostilidad. Afirmó rotundamente que la República Dominicana es un «Estado libre, independiente y soberano» y que «Ningún actor externo -sea gobierno, organismo internacional o parlamentario extranjero- puede pretender dictarle su política migratoria o condicionar su autodeterminación».
