Limadas las asperezas entre la administradora del vertedero de Duquesa y los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, el servicio de recolección de los desechos sólidos en la zona metropolitana empieza a retornar a su normalidad.Fruto del acuerdo entre Lajún Corporation y las autoridades municipales, efectuado el pasado jueves, la kilométrica fila de camiones cargados de basura, que durante los últimos 8 días permanecían varados en la calle principal de acceso al vertedero, desapareció.
Ayer, las compañías y fundaciones recolectoras de residuos trabajaron intensamente para restablecer el servicio afectado por el conflicto financiero entre la empresa Lajún Corporation y los cabildos.
También la estación de transferencia de Villas Agrícolas, que en la última semana redujo sus operaciones a un 30 %, trabaja para volver a su normalidad. Ayer operó en un 80 %.
De acuerdo con Aneudis Ramírez, encargado del punto de transferencia de los desechos sólidos del Distrito Nacional, para el día de hoy la misma estaría funcionando en un 100 %. Ante el retraso en el vertido de basura, provocado por el cambio de horario en el vertedero, restablecido posteriormente, el pasado miércoles el Ayuntamiento del Distrito decidió llevar casi 500 toneladas de desechos hacia el vertedero de Boca Chica, como un plan de emergencia.“El cúmulo de basura ya era muy fuerte y ya estaba afectando a la comunidad de Villas Agrícolas”, dijo Ramírez. La municipalidad y Lajún acordaron la conformación de una comisión para lograr una “tarifa razonable” por cada tonelada de basura depositada en el vertedero, la cual deberá presentar una propuesta en un plazo de 30 días. Como solución inmediata, los alcaldes se comprometieron a pagar las tarifas adeudadas mientras Lajún se comprometió en aumentar los equipos para agilizar el vertido.
Aumento de las tarifas intensificó el conflicto
El ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, mediador del conflicto, consideró vital que la solución del problema se ajuste a parámetros financieros justos y razonables para las partes involucradas. La empresa Lajún había decidido aumentar las tarifas a los ayuntamientos en un 130 % y 1,100 %, medida que fue rechazada por los alcaldes de Santo Domingo.
