El Consejo Nacional de la Magistratura concluyó el viernes las entrevistas para escoger seis jueces de la Suprema Corte.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) celebró el viernes 9 de octubre la cuarta y última jornada de evaluaciones de aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una sesión marcada por propuestas para reducir la mora judicial, modernizar los procedimientos legales, fortalecer la protección de las víctimas y garantizar la independencia de los jueces frente a las presiones externas.
La jornada, encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña en representación del presidente Luis Abinader, comenzó a las 9:00 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. A dicha jornada asistieron los últimos 22 aspirantes de un proceso que comenzó con 88 profesionales preseleccionados y que acumulaba 63 entrevistas realizadas hasta el jueves.
Las intervenciones pusieron nuevamente en evidencia la preocupación por los retrasos en los tribunales, un problema que ha ocupado buena parte de las discusiones durante las cuatro jornadas del CNM. Entre las propuestas más relevantes figura la creación de una cuarta sala en la Suprema Corte, mientras otros aspirantes defendieron la digitalización de expedientes, la actualización de normas procesales y mecanismos para garantizar la ejecución oportuna de las sentencias.
La última sesión también abrió debates sobre los derechos de la niñez, la trata de personas, la protección de las pequeñas empresas, la responsabilidad de los jueces frente a la opinión pública y los desafíos que plantea el uso de inteligencia artificial dentro del Poder Judicial.
Una cuarta sala contra la mora
José María Vázquez Montero propuso crear una cuarta sala en la Suprema Corte de Justicia como mecanismo para enfrentar la acumulación de expedientes y contribuir a reducir los tiempos de respuesta del alto tribunal. Su propuesta introdujo una discusión sobre la estructura organizativa de la Suprema y la distribución de los asuntos entre sus órganos jurisdiccionales. Su eventual implementación requeriría examinar las disposiciones legales que regulan la composición y el funcionamiento de la institución.
Danilo Tineo, por su parte, presentó su experiencia en la eliminación de la mora y la digitalización de expedientes en el tribunal donde ha desempeñado funciones. Su intervención vinculó los resultados administrativos con la utilización de herramientas tecnológicas para organizar y dar seguimiento a los procesos. Seguidamente, Eduardo Sánchez defendió el plazo razonable como una garantía constitucional que debe orientar la actuación de los tribunales. Su planteamiento recordó que la duración de los procesos tiene consecuencias sobre los derechos de las partes, especialmente cuando la demora impide obtener una respuesta judicial efectiva.
Entretanto, Sara Veras también abordó la necesidad de fortalecer la ejecución de las sentencias y agilizar los procedimientos penales. La aspirante colocó la atención sobre una dimensión que trasciende la emisón de los fallos: garantizar que las decisiones adoptadas por los tribunales puedan cumplirse efectivamente.
Casación y reformas procesales
La Ley de Casación, uno de los asuntos más recurrentes durante las evaluaciones, volvió a generar propuestas relacionadas con la duración de los litigios.
Juan Fantino Suriel defendió el filtro de casación como una herramienta para evitar que determinados procesos se prolonguen innecesariamente y permitir que el alto tribunal concentre su intervención en los asuntos que reúnen las condiciones previstas por la legislación.
El mecanismo está relacionado con las reglas de admisibilidad de los recursos y con la función de la Suprema Corte como órgano encargado de contribuir a la uniformidad de la interpretación judicial.
En materia de resolución de conflictos, Carmen Tejeda Soto advirtió que la creación de la figura del juez conciliador resulta insuficiente si no está acompañada de una formación adecuada para los magistrados que asumirían esas responsabilidades. Su intervención destacó la importancia de la capacitación judicial para que los mecanismos alternativos de solución de controversias puedan funcionar de manera efectiva y contribuir a disminuir la cantidad de litigios que llegan a los tribunales.
Presión mediática
La utilización de inteligencia artificial en los tribunales volvió a aparecer durante la última jornada de evaluaciones.
Uno de los magistrados entrevistados, Pedro Sánchez Rivera, planteó que la Suprema Corte deberá establecer criterios para regular el uso de estas herramientas, un asunto que adquiere relevancia ante la creciente incorporación de sistemas automatizados en tareas jurídicas. El tema ha estado presente desde la primera jornada, cuando varios aspirantes defendieron el uso de tecnologías de apoyo bajo supervisión humana, mientras otros reclamaron una actualización de las normas sobre cibercriminalidad.
La independencia judicial también ocupó espacio durante las entrevistas. Otro de los candidatos, Domingo José Rojas, sostuvo que la presión mediática no debe influir sobre las decisiones de los magistrados, quienes están obligados a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento conforme a las pruebas y al derecho aplicable; especialmente en procesos de elevada exposición pública, cuando las actuaciones judiciales generan debates intensos en los medios de comunicación y las redes sociales.
Protección de víctimas, niñez y familia
La protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad constituyó otro de los ejes de la última sesión.
Lourdes Rodríguez planteó fortalecer los derechos de la niñez y la familia, con atención a las responsabilidades del sistema judicial frente a los conflictos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, Juan Sabino Ramos propuso reforzar los mecanismos de reparación a las víctimas y mejorar las posibilidades de reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley. Su planteamiento introdujo la necesidad de atender las consecuencias del delito sobre las personas afectadas, al tiempo que se desarrollan respuestas diferenciadas para los adolescentes sometidos al sistema de justicia penal.
Entretanto, Sumaya Rodríguez abordó la identificación de la trata de personas mediante los elementos probatorios que permiten determinar la existencia de esta conducta delictiva.
Pequeñas empresas y seguridad inmobiliaria
El juez Stanislav Rodríguez planteó modificaciones al Código de Trabajo orientadas a fortalecer la protección de las pequeñas empresas, incorporando al debate la necesidad de examinar cómo las normas laborales inciden sobre negocios de menor tamaño. La propuesta se relaciona con las discusiones desarrolladas durante la segunda jornada, cuando otros aspirantes plantearon actualizar la legislación laboral frente a las transformaciones tecnológicas y las nuevas modalidades de empleo.
En materia inmobiliaria, Luz Nelda Solís propuso modificar las leyes sobre registro inmobiliario y condominios para fortalecer la seguridad jurídica. Por su parte, Ramón Ynoa Peña también defendió reformas a la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario, con el propósito de agilizar los procedimientos vinculados con esa jurisdicción.
Código Penal y ética judicial
Las reformas penales han ocupado una parte importante de las cuatro jornadas, especialmente por las discusiones sobre el cúmulo de penas, la responsabilidad penal de las empresas y los mecanismos para garantizar el debido proceso.
Enelia Santos destacó los avances introducidos por los nuevos códigos Penal y Procesal Penal, cuya aplicación constituye uno de los desafíos que deberán afrontar los tribunales dominicanos.
Rosanna Vásquez explicó el alcance de la ignorancia deliberada en los casos de lavado de activos, un concepto relacionado con las circunstancias en las que una persona evita conscientemente conocer información relevante sobre determinadas operaciones. Carlos Tavares Guerrero, por su parte, defendió un modelo de judicatura en el que la aplicación de las leyes esté acompañada por la ética y el compromiso social de quienes administran justicia.
Durante la jornada también se produjo un debate a raíz del cuestionamientol del abogado Henry Tejera Díaz sobre la cantidad de aspirantes preseleccionados para las evaluaciones del CNM, un proceso que comenzó con 88 profesionales convocados para competir por seis posiciones. La discusión incorporó un elemento relacionado con los criterios de selección y la organización de las vistas públicas, cuya finalidad es permitir que los integrantes del Consejo examinen las trayectorias y conocimientos de quienes aspiran a formar parte del alto tribunal.
En la fase decisiva
Con la cuarta jornada, el Consejo Nacional de la Magistratura completa el calendario de vistas públicas establecido para los días 5, 6, 8 y 9 de octubre. Durante las entrevistas, los aspirantes expusieron propuestas relacionadas con los principales desafíos de la justicia dominicana, entre ellos la mora judicial, la transformación digital, la inteligencia artificial, la aplicación del nuevo Código Penal y la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica.
El proceso permitirá seleccionar seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida la persona que asumirá la presidencia del alto tribunal. Concluida la fase de entrevistas, corresponderá al CNM avanzar en la evaluación final de los candidatos y adoptar las decisiones sobre la integración de la Suprema.
