La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó la prisión preventiva de tres meses impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de exigir y recibir un soborno de un testigo vinculado al presunto fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Valdez Alcántara fue arrestado en marzo de este año, por lo que correspondía la revisión obligatoria de la medida de coerción. Durante la audiencia, el imputado solicitó a los jueces la variación de la medida y aseguró que no intentaría evadir el proceso judicial. Asimismo, afirmó que es el principal interesado en que se esclarezcan los hechos para recuperar su imagen y reputación, afectadas por la acusación de cohecho presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Fiscal niega acusaciones y denuncia conflictos personales
Durante su intervención ante el tribunal, Valdez Alcántara rechazó las imputaciones en su contra y sostuvo que nunca exigió ni recibió los 10 mil dólares que, según el Ministerio Público, solicitó al exgerente de Atención al Usuario de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) Senasa, Roberto Canaán Acta.
El fiscal, quien formaba parte del equipo investigador del caso Senasa antes de su arresto y actualmente guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, insistió en que los hechos atribuidos por la acusación no ocurrieron. Además, cuestionó que posibles diferencias personales entre investigadores e investigados puedan influir en el desarrollo de una investigación penal.
La decisión de mantener la medida de coerción fue adoptada por los jueces Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro.
Ministerio Público asegura que posee pruebas contundentes
Tras la audiencia, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, rechazó los argumentos del imputado y aseguró que existen evidencias sólidas que sustentan la acusación.
Camacho explicó que el supuesto soborno se realizó mediante una entrega controlada organizada por el Ministerio Público. Según detalló, las autoridades marcaron previamente el dinero, fotografiaron los billetes antes de la operación y documentaron todo el procedimiento. Posteriormente, indicó que los investigadores encontraron el dinero marcado en poder del fiscal acusado.
El funcionario calificó el caso como especialmente grave debido a la condición de servidor público del imputado. Señaló que los fiscales tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que la presunta recepción de sobornos representa una falta de mayor trascendencia que cuando involucra a un ciudadano común.
“El hecho no solamente es grave por la recepción de los sobornos, sino también por quien los recibe. A los funcionarios se les exige más porque juramos cumplir y hacer cumplir la ley”, expresó Camacho.
