Para que el Gobierno pueda avanzar en mecanismos efectivos de identificación y formalización laboral de los trabajadores inmigrantes en el país y reglamentar en esta materia, tal como se pactó en el diálogo por las crisis de Haití, se deberá levantar una data de mayor calidad.
Esto, debido a que las informaciones actuales sobre la ocupación laboral de extranjeros, que en su mayoría corresponde a nacionales del vecino país, resultan insuficientes, dispersas o desactualizadas.
Así lo establece el propio informe final elaborado por los miembros del Consejo Económico y Social (CES) junto a los representantes del Gobierno y el presidente Luis Abinader, así como de los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, como resultado del “Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones para la República Dominicana”.
En el documento final, los delegados que participaron en el diálogo establecieron que, la realidad actual, donde la migración ha adquirido un peso relevante en la vida económica y social dominicana con trabajadores haitianos insertados en sectores productivos claves, plantea significativos desafíos para el Estado de Derecho y el para el mercado laboral.
Frente a esa realidad, los delegados en la Mesa sobre Asuntos Laborales analizaron información estadística, diagnósticos sectoriales y estudios comparados para dimensionar la magnitud del fenómeno. Señalan que, según estimaciones del Instituto Nacional de Migración, entre un 7 % y un 10 % de la población ocupada en el país es de nacionalidad extranjera, y la mayoría de este grupo corresponde a personas de origen haitiano en sectores como la construcción y la agricultura, así como en servicios informales urbanos como la recolección de residuos y el trabajo doméstico.
“Si bien estas cifras poseen un valor significativo, las delegaciones coincidieron en la necesidad de mejorar la calidad y periodicidad de la información disponible. Las estadísticas actuales resultan insuficientes, dispersas o desactualizadas, lo que dificulta la planificación eficaz y favorecen percepciones contradictorias”, sostiene el documento que tienen 136 páginas y 151 propuestas no solo en el área laboral, sino también en migración, seguridad nacional, desarrollo zonas fronterizas, comercio bilateral y relaciones internacionales.
Crear sistema de estudios periódicos
El informe se refiere que, durante las discusiones, se valoró positivamente la propuesta de establecer un sistema de estudios periódicos sobre la demanda laboral y la oferta de mano de obra migrante, liderado por la Oficina Nacional de Estadística en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Migración y otras entidades públicas y académicas.
En los debates del diálogo, se debatieron las formas de combatir los niveles de informalidad en el mercado laboral y, en consecuencia, se consideró que, ese fenómeno, que afecta tanto a trabajadores nacionales como migrantes, debilita la protección de derechos y genera distorsiones en la competencia empresarial.
“Se subrayó la necesidad de comprender la inserción laboral migrante desde una perspectiva sectorial y territorial. Se destacó que las realidades de la agricultura y la construcción son profundamente distintas, y que no existe un único patrón de inserción ni una única problemática, lo que demanda políticas diferenciadas por sector y región”, indica el documento.
Medidas con datos confiables y robustos
Las delegaciones coincidieron en que el mercado laboral no debe gestionarse con medidas coyunturales, sino mediante políticas basadas en datos confiables, un sistema robusto de registro, la articulación entre política migratoria y política laboral, y un Estado de derecho sólido que garantice simultáneamente productividad económica, seguridad jurídica y dignidad en el trabajo.
En las consideraciones del informe final del diálogo, el CES dejó claro que las propuestas y líneas de acción de los acuerdos no son un punto de llegada, sino un punto de partida que marcan una hoja de ruta para actuar con orden, firmeza y respeto a la dignidad humana; para preservar la soberanía nacional y fortalecer el Estado de derecho; para responder con inteligencia y cohesión a los desafíos que plantea la coyuntura nacional y regional.
“La magnitud de estos retos nos obliga a trascender intereses particulares y a trabajar de forma constante y coordinada. Sabemos que el camino por delante exigirá liderazgo político, articulación interinstitucional, recursos adecuados y vigilancia activa de todos los sectores aquí representados y de la ciudadanía en general”, señala el documento.
