La comisión especial del Senado conformada para estudiar el proyecto que modifica la Ley 137-03, del 7 de agosto de 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas que cursa en la Cámara Alta, debate si es conforme a la Constitución o no el vetar de por vida en cargos públicos a implicados en tráfico de migrantes.
El senador de la Fuerza del Pueblo (FP) Omar Fernández fue quien presentó la propuesta, a fin de modificar el pliego de ley sometido por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril, para que en lo adelante cualquier funcionario que sirva al tráfico ilícito de migrantes sea impedido de por vida de ocupar cargos públicos.
La comitiva se reunió ayer -su cuarto encuentro- para conocer la moción y decidió que sea el próximo martes 13 de mayo, a las 10:00 de la mañana, cuando los miembros de la misma decidan si acoger o no la propuesta.
“Lo que hicimos hoy fue escuchar al proponente, escuchar a su equipo técnico, a un constitucionalista que él trajo para presentar algunos argumentos, para motivar las modificaciones que presenta, pero no discutimos nada, no debatimos ni siquiera tomamos una decisión”, señaló el senador Franklin Romero (PRM-Duarte), presidente de la comisión especial.
El legislador se refirió al abogado constitucionalista Manuel Fermín Cabral, quien acompañó al representante del Distrito Nacional en el ala congresual a la reunión de este jueves.
Sobre los cambios hechos al proyecto de ley del Gobierno, Romero afirmó que el equipo legislativo enriqueció la iniciativa al agregar algunas agravantes que no estaban contemplados. “Llevamos las penas, las elevamos; las agravantes, las contemplamos, organizamos el proyecto como vino, pero realmente es similar a lo que llegó del Poder Ejecutivo”, expuso.
El pasado viernes el Senado de la República aprobó en primera lectura y con el apoyo de la FP el proyecto legislativo que modifica la Ley 137-03, el cual endurece las penas por el tráfico de migrantes. En la sesión del pasado martes, la pieza fue remitida a comisión con plazo fijo de una semana. El pliego de ley es complemento de las 15 medidas del Gobierno contra la migración ilegal, para garantizar así la soberanía nacional ante la crisis en Haití.
Sanciones
La norma modificada establece nuevos límites sancionadores, tomando en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad de la pena para los casos de tráfico ilícito de migrantes. La pena será de 15 a 20 años de prisión y los casos de trata de personas, será de 20 y de25 años de reclusión.
Esta iniciativa incluye, además como agravante para los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, la participación de funcionarios de los órganos extrapoder, así como los demás poderes del Estado y los gobiernos locales. También clarifica lo relativo a la comisión por omisión, individualizando el delito del tráfico ilícito de migrantes y el de la trata de personas.
Somete el Ejecutivo en menos de un año
En su anuncio del pasado 6 de abril, en el punto cuatro del paquete de acciones, el presidente Luis Abinader prometió que sometería al Congreso Nacional una reforma al marco legal migratorio existente, la cual debía ser conocida “con carácter de urgencia” por las cámaras legislativas. Los senadores así lo hacen.
Con esta iniciativa serían dos las que el Gobierno envia al Congreso en menos de un año para modificar la Ley 137-03; la primera fue el proyecto que modifica los artículos 3 y 7 de dicha legislación, hoy Ley 63-24, del 31 de octubre de 2024.
