El Senado de la República remitió el pasado martes al Poder Ejecutivo la legislación que modificada la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, tras más de tres meses de tenerla retenida (en archivo y correspondencia), a la espera del Gobierno.
La legislación va al presidente Luis Abinader luego de que entidades le solicitaran observarla, por el impacto negativo que –según ellas- ésta tendría en sectores productivos, y el impulso a prácticas de monopolio en empresas, como los productores de cemento.
La pieza no es la única que el Congreso Nacional tarda en enviar al Ejecutivo, también lo hizo con la nueva Ley de la Cámara de Cuentas, al durar más de cinco meses en remitarla al presidente de la República, quien la observó. El mandatario devolvió esa ley a la Cámara de Diputados con 12 observaciones, que fueron acogidas por ambas cámaras y enviadas al presidente, para su promulgación.
Revisión a la legislación: artículo 20, uno de los más controversiales
Entre quienes pidieron la revisión de la controversial Ley está la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana; la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem); entre otras.
La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland expresó su oposición al artículo 20 del marco legal, el cual obliga a las cementeras a utilizar combustibles derivados de residuos nacionales. La organización calificó esta disposición como una violación al derecho a la libertad de empresa, consagrado en la Constitución.
El artículo 20 de la norma aprobada consigna que con la entrada en vigencia de la misma, las empresas fabricantes de cementos (cementeras) “tendrán la obligación” de incorporar combustibles derivados de residuos sólidos nacionales como combustible alternativo en sus calderas.
Dicha ley, además, transgrede los principios de equilibrio y sostenibilidad en la libre empresa, consagrado en el artículo 50 de la Carta Magna, que en su numeral 1 prohíbe los monopolios, salvo en provecho del Estado, según las denuncias de empresas.
Reglamentos establecen 15 días máximos para enviar pieza
Con las tardanzas de enviar una ley al presidente de la República, el Congreso Nacional viola sus reglamentos, los cuales establecen un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la fecha de la aprobación definitiva de la ley, para enviarla al Poder Ejecutivo.
El marco legal que modifica la Ley 225-20, de Residuos Sólidos, fue convertido en ley por el Senado el 23 de julio de 2025 y despachada el 28 de este mes, contrario a la disposición del artículo 180 de su reglamento.
Si bien el Ejecutivo tiene cinco días para observar la referida ley o promulgarla, al ser declarada de urgencia (artículo 102 de la Constitución), la Ley Sustantiva no le establece plazo al Congreso para despachar una legislación aprobada por ambas cámaras parlamentarias (artículo 101 de la Constitución).
Esto hace que el primer Poder del Estado pueda tardar más tiempo que el Poder Ejecutivo para “desengavetar” una ley y remitirla al presidente de la República para su consideración, a fin de concluir el trámite.
Abinader se defendió ante demora
Aunque el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reiteró en varias ocasiones que la modificación a la Ley de Residuos Sólidos no era enviada a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a petición de su titular, Antoliano Peralta –confirmado por éste mismo- , el presidente Luis Abinader manifestó hace casi dos meses, en LA Semanal, que estaba a la espera de que la Cámara Alta le remita la pieza, para revisarla.
“Es bueno que usted le pregunte al presidente del Senado, que es el que la tiene allá, en el Senado. Nosotros, inmediatamente después que llegue, pues vamos a hacer nuestra parte”, subrayó Abinader.
En agosto pasado, en la Entrevista Especial elCaribe-CDN, De los Santos indicó que la Cámara Alta y la Consultoría Jurídica del Ejecutivo hacían un análisis completo a la normativa, para ver en qué iban a consistir las observaciones del Presidente, para los legisladores abocarse a tratar esas sugerencias.
Propuso mejoras a la norma hace dos meses
El presidente de la comisión especial del Senado que estuvo a cargo de la reforma a la Ley 225-20, General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, Pedro Catrain, expresó la necesidad de modificar la controversial pieza, y propuso en ese sentido puntos de mejora.
Al hablar en la Entrevista Especial de elCaribe-CDN, en agosto pasado, explicó que la legislación debe ser corregida en algunos artículos, sobre todo en los que tratan sobre la incorporación de reciclaje en la producción de cemento y el de establecer una sola planta de procesamiento de residuos sólidos por provincia.
“Yo creo que es muy drástico (…) establecer que las cementeras tienen que procesar el 20% de los residuos sólidos dentro de la fabricación del cemento. Creo que debía ser un proceso más gradual; habría que establecer unos plazos en la ley para que se lleve ese proceso”, señaló Catrian. Planteó que en todas partes del mundo ya hay procesamiento de cemento con residuos sólidos, incluso en países como México y China, que hay hasta procesamiento con sargazo, por lo que cree que en RD se pudiera comenzar “a establecerse cemento con residuos dentro de un periodo prudente”.
