Una propuesta legislativa en el Congreso Nacional obliga a todos los jueces, fiscales, defensores públicos y oficiales de la Policía Nacional a recibir capacitación periódica y certificada sobre el nuevo Código Penal, “como requisito para el ejercicio de sus funciones”.
Se trata de la iniciativa sobre “implementación, capacitación y difusión del nuevo Código Penal de la República Dominicana”, sometida en la Cámara Baja el pasado 8 de agosto por Carmen de la Rosa, diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia La Altagracia.
De acuerdo con la congresista, la razón de presentar la pieza es porque, aunque la reforma al Código Penal -contenido en la Ley 74-25- representa un avance trascendental en la modernización del sistema de justicia dominicano, para garantizar su correcta aplicación, “es indispensable la creación de un marco normativo que obligue a la capacitación continua de jueces, fiscales, defensores públicos, policías y demás actores del sistema de justicia penal, así como la difusión ciudadana” del contenido del documento.
De la Rosa explica que la presente ley busca fortalecer la seguridad jurídica, mejorar la eficacia del sistema judicial y garantizar que el pueblo dominicano comprenda sus derechos y deberes frente a la justicia penal.
Tal como su nombre lo indica, la legislación tiene por objeto establecer los mecanismos institucionales y obligatorios para la capacitación, implementación y difusión del nuevo Código Penal dominicano.
Plan Nacional de Capacitación
El pliego legal crea el Plan Nacional de Capacitación sobre el Código Penal, que estará coordinado por la Escuela Nacional de la Judicatura, el Instituto del Ministerio Público y la Academia de la Policía Nacional. El plan incluirá módulos de actualización “cada año” para incorporar reformas legislativas, jurisprudencia relevante y protocolos internacionales ratificados por el Estado dominicano, de acuerdo al artículo 4 del pliego legal.
La ley será aplicable a todos los órganos y actores del sistema de justicia penal: Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, Policía Nacional, organismos de investigación y cuerpos de seguridad del Estado.
El financiamiento del marco jurídico será asignado en el Presupuesto General del Estado, bajo partidas especiales destinadas al Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Educación.
Difusión ciudadana
Se establece, además, que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), en coordinación con el Ministerio de Educación (Minerd) y la Procuraduría General de la República (PGR), desarrollará una campaña de difusión nacional sobre los derechos y deberes ciudadanos contemplados en el Código Penal.
Las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y asociaciones civiles podrán solicitar talleres “gratuitos” de capacitación legal, los cuales serán facilitados por personal designado del Ministerio Público y la Defensoría Pública, según consigna el artículo 7 de la normativa.
Observatorio, informe y presupuesto
Otra creación en la legislación, es el Observatorio Nacional de Implementación del Código Penal, que estará adscrito al Congreso Nacional. Este nuevo organismo se encargará de dar seguimiento a la aplicación práctica del Código Penal y emitir un informe anual de cumplimiento. “El Poder Ejecutivo rendirá cuentas ante el Congreso cada 12 meses sobre el avance de la implementación, número de funcionarios capacitados y alcance de la campaña ciudadana”, establece la propuesta de ley.
Se recuerda que la Ley 74-25 tiene un año de vacatio legis, por lo que entrará en vigor a partir del 3 de agosto del 2026. En cuanto a la iniciativa de la diputada del PRM, entrará en vigencia a partir de su promulgación y publicación conforme a la Constitución y las leyes del país.
El pasado miércoles, el Gobierno presentó los tipos penales relacionados con la administración pública del nuevo Código Penal, como clave en el fortalecimiento institucional del país. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, presentó los principales aspectos de la pieza, la cual incorpora una tipificación más rigurosa y moderna de los delitos vinculados a la administración pública.
