Cuando una persona desaparece, sus dependientes quedan desprotegidos financiera y legalmente, por lo que para eliminar el vacío legal y económico que enfrentan las familias de personas desaparecidas, ha sido sometido un proyecto de ley que les permite acceder a recursos financieros y protección del Estado en plazos de hasta 120 días.
La iniciativa legislativa, propuesta por los diputados Carmen Ligia Barceló, Rogelio Alfonso Genao y Félix Hiciano, moderniza un régimen jurídico vigente desde 1804, heredado del Código Civil francés.
Asimismo, establece una “Declaración de Ausencia Especial” que permitirá a los familiares iniciar procesos legales en 120 días en casos ordinarios y en apenas 45 días en situaciones de desastres o catástrofes.
“Este proyecto no es solo una necesidad técnica, es un acto de profunda humanidad. No podemos permitir que el Estado sea un obstáculo adicional para quienes viven la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido. Con esta ley, buscamos que el sistema proteja, no que castigue”, expresó la legisladora Barceló.
La propuesta introduce un sistema de respuesta temprana que rompe con la lógica actual de largos períodos de espera, permitiendo que las familias accedan de manera oportuna a bienes, cuentas bancarias y recursos acumulados por la persona desaparecida, evitando así su deterioro económico en medio de la crisis.
Como parte de este enfoque, el proyecto faculta al Ministerio Público a actuar de oficio en aquellos casos donde los familiares se encuentren en estado de indefensión, asegurando que el patrimonio del ausente no quede en abandono ni expuesto a riesgos legales o financieros.
Uno de los pilares de la iniciativa escrear un esquema de liberación escalonada de fondos, para garantizar el sustento familiar sin comprometer la integridad del patrimonio.
