Suprema convoca defensa de Ángel Rondón para esta tarde

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La defensa de Rondón duró cinco días exponiendo sus argumentos.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) convocó para este martes a la defensa del empresario Ángel Rondón Rijo, implicado en el caso de sobornos  Obrechecht, con el objetivo de discutir temas vinculados a la adecuada organización conocimiento del juicio de fondo del referido proceso, que inicia el 12 de septiembre.

La Secretaría General de la Suprema a través de una carta firmada por su titular César José García Lucas, comunicó que la reunión se llevará a cabo a las 4:00 de la tarde.

La convocatoria surge luego de que el viernes, Rondón Rijo  pidió a la Suprema que inste a los jueces del país a aplicar “de manera irrestricta las normas vigentes” en todos los casos, debido a que considera que ha sido pisoteado su derecho de defensa en el caso de sobornos de la empresa brasileña.

En una carta enviada al presidente de este tribunal, Luis Henry Molina Peña, Rondón Rijo hizo la sugerencia tras la exhortación del magistrado en la reciente juramentación de nuevos abogados, de que los jueces dominicanos no deben dejarse presionar por factores externos y preservar en todo momento la independencia judicial.

“Aprovecho la ocasión para sugerirle… que haga aún más específica su exhortación a todos los jueces del país, para que en la totalidad de los casos, sean grandes o pequeños, apliquen de manera irrestricta las normas vigentes, gústele o no a la manipulable opinión pública”, indica la misiva.

Asimismo, Rondón Rijo estimó que como imputado en el caso de sobornos se le ha vulnerado el derecho de defensa, “especialmente en lo que se refiere a la entrega de las pruebas de cargo y de descargo recolectadas por el Ministerio Público durante las ya concluidas fases preparatoria e intermedia del proceso”.

En ese sentido, indicó que ninguna de esas pruebas le fue entregada oportunamente a pesar de que el tribual entonces apoderado le ordenó expresamente al órgano acusador que lo hiciera.

Rondón Rijo es acusado de ser el supuesto “cerebro” utilizado por el consorcio brasileño para sobornar a funcionarios y legisladores y repartir entre ellos los US$92 millones que pagó en el país para lograr la asignación de 16 obras del Estado.

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