Empresarios del transporte se apostaron ayer en el Palacio Nacional en reclamo de que el Gobierno regule a los taxistas que pertenecen a multinacionales y para que el Estado pague deudas históricas a choferes del corredor Máximo Gómez.
Bajo un sol resplandeciente, miembros de la Unión Dominicana de Empresarios de Taxis (UET) se plantaron en las afueras de la casa de Gobierno para pedir al presidente Luis Abinader que defienda a unas 50 microempresas ante lo que definieron como una competencia desleal de parte de las multinacionales como InDriver y Uber por estas operar, supuestamente, sin pagar impuestos y con tarifas inferiores a la de ellos.

“Pensamos que estando regulados todos, siendo medidos con la misma vara podemos sobrevivir y competir teniendo una leal competencia, según la Ley 42-08, pero como estamos no es posible, ya que este sector ya no aguanta más esas operaciones sin regulación de esas multinacionales que han permitido que entren al país como chivo si ley violando todas las leyes del país sin que estas sean tocadas por las autoridades, en especial la plataforma llamada “InDriver” que tiene 2 años y 4 meses haciendo prácticas desleales del comercio que han desestabilizado a todo este sector”, sostiene el documento que enviaron al jefe de Estado.

Para los representantes, no es posible que en un país existan empresas millonarias extranjeras operando sin pagar al Estado un solo centavo de impuestos y “llevándose todo el dinero que producen a sus países sedes en un momento en que el gobierno habla de reformas fiscales y austeridad”.

Exigen pago de deuda de RD$142 MM

En paralelo, choferes del eliminado corredor Máximo Gómez, de la Federación del Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), protestaron ayer por cuarto día consecutivo por el pago de una deuda ascendente a 142 millones de pesos que data desde el año 1999, fruto de un acuerdo al que arribó el gobierno de entonces con al menos 500 de ellos que quedaron sin empleos y sin medios de sustento porque entregaron sus autobuses para que se instalara una nueva ruta.

“Hemos vuelto y seguiremos en este lugar, exigiéndole al señor Presidente que salde la deuda que tiene el Estado dominicano con los propietarios de guaguas del corredor Máximo Gómez que entregaron al Estado ochenta y cinco guaguas y esa deuda de más de ciento cuarenta y dos millones de pesos, está registrada en deuda pública y yo creo que es tiempo de saldar esa deuda”, expresó Antonio Almonte, vocero del corredor.

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