Tres años después de la explosión de San Cristóbal, las familias aún esperan justicia

Tres años después de la explosión de San Cristóbal, las familias aún esperan justicia
Tres años después de la explosión de San Cristóbal, las familias aún esperan justicia

San Cristóbal.- Tres años han transcurrido desde la explosión que sacudió el centro de San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, una tragedia que dejó 38 personas fallecidas, decenas de heridos y 12 desaparecidos que posteriormente fueron declarados fallecidos mediante un procedimiento legal.

El siniestro ocurrió en el antiguo Mercadito, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado. Las investigaciones de las autoridades ubicaron el origen de la explosión en Vidal Plast SRL, empresa dedicada al manejo, compra, venta y reciclaje de materiales plásticos.

La detonación provocó una fuerte onda expansiva que afectó comercios, viviendas y vehículos cercanos. De acuerdo con los datos incluidos en el expediente judicial del Ministerio Público, además de las víctimas mortales, 59 personas resultaron heridas y nueve edificaciones fueron destruidas.

El 15 de agosto de 2023, las autoridades reportaban 11 personas fallecidas, 59 heridas y 10 desaparecidas. Posteriormente, la documentación presentada por el Ministerio Público en septiembre de ese año elevó el número de fallecidos a 37.

La cifra definitiva de víctimas mortales llegó a 38 el 12 de septiembre de 2023, tras el fallecimiento de Carlos Geovanny Veras, quien permanecía ingresado en la unidad de quemados Pearl F. Ort del Hospital Ney Arias Lora.

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Víctimas de la tragedia

Entre las personas fallecidas identificadas en el expediente figuran Carlixto Feliz Jiménez, Cheirii Vizcaíno Sierra, Jorgelina Ravelo Encarnación, Esteisi Pinales Ferrer, Khaled Safa Harb, Jessica María Brito, Santo Manuel de Jesús, Delfín García Familia, Ana Iris Cruceta Henríquez, Karina Heredia Pérez, Francis Julián Mateo Encarnación, Reyes Soto Abad, Faustino Nivar Doñé, Griselda María Feliz, Andrés Valsaint, Emil Fanuel Figuereo Báez y José Vicente Dicent Rivera.

También aparecen Milka Maribel Benzant Figuereo, Rogelio Arístides Benzant, Brendy Daril Toledo Benzant, Mariela Rosario Nova, Juan Mateo Casilla, Tico Manuel Cruz, Rafael Solano Mateo, Ana Anllelin Nivar Tineo, Julio Agustín Vittini Cuevas, Ángel Luis Uribe Méndez, Héctor Ramón Cuello Ramírez, Dionicio Guzmán Perdomo, Irma Isabel Dipre Miranda, Paulette Brea Solís, Luz Esther Mateo Germán, Eridania Jorge Alcántara, Alfonso Cuevas Cuevas, Gabino Aquino, Reina Heredia Mercedes, Víctor Manuel Hernández Pérez y Carlos Geovanny Veras.

La tragedia también dejó a varias familias sin la posibilidad de recuperar los cuerpos de sus parientes. Para el primer aniversario del siniestro, el balance oficial mantenía 12 personas desaparecidas, quienes posteriormente fueron declaradas fallecidas mediante el procedimiento legal correspondiente.

La investigación del Ministerio Público

La acusación del Ministerio Público señala a Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y a Vidal Plast SRL como persona jurídica.

Según la acusación, los imputados habrían incurrido en torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia e inobservancia de reglamentos vinculados con el manejo y almacenamiento de materiales, así como con disposiciones sanitarias y medioambientales.

La tesis del órgano acusador sostiene que la explosión no tuvo un origen eléctrico. De acuerdo con el expediente, las investigaciones identificaron la presencia del químico Autofina-Luporox A 70S, clasificado como un peróxido orgánico 5.2 y utilizado en procesos relacionados con las industrias del plástico y el caucho.

El Ministerio Público plantea que la sustancia habría sido almacenada en un espacio cerrado, sin las condiciones adecuadas y próximo a residuos plásticos. Según la acusación, estas condiciones provocaron una acumulación de gases que alcanzó un punto crítico y desencadenó la explosión.

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El expediente avanzó hasta el juicio de fondo

El 5 de septiembre de 2024, el Ministerio Público presentó formalmente la acusación ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal y solicitó la apertura a juicio contra los tres procesados y la empresa Vidal Plast SRL.

Los cargos planteados están relacionados con el artículo 319 del Código Penal, el artículo 153, numeral 2, de la Ley General de Salud 42-01 y disposiciones de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Más de un año después, el 13 de diciembre de 2025, la jueza Loyda Amador, del Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, dictó auto de apertura a juicio contra Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y Vidal Plast SRL.

La decisión permitió que el proceso pasara a la etapa de juicio, luego de que fueran admitidos los elementos de prueba presentados en el expediente.

Familiares llevan sus testimonios ante el tribunal

El 22 de mayo de 2026 comenzó el juicio de fondo ante el Tribunal Colegiado de San Cristóbal. Durante las primeras audiencias, el Ministerio Público inició la presentación de familiares de las víctimas como testigos dentro del proceso.

Uno de los testimonios fue el de Rudelania Araujo, esposa de Juan Mateo Casilla, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente declarado fallecido. La mujer relató ante el tribunal que los restos de su esposo nunca fueron encontrados.

A tres años de la explosión, el proceso judicial continúa mientras las familias de las víctimas esperan que el tribunal determine las responsabilidades penales que correspondan por la tragedia ocurrida el 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal.

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