La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) desistió por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) de su intervención voluntaria en el conocimiento de la medida cautelar interpuesta por la Asociación Nacional de Profesores y Técnicos (Anproted) contra la ordenanza 24-2017.
El vocero del gremio, Frank Sabino, recordó ayer que el gremio apoderó a los abogados Eduardo Jorge Prats, Antoliano Peralta y Rafael Santos para iniciar otro proceso judicial que busca anular de manera definitiva la citada ordenanza que reglamenta el sistema competitivo de ternas para elegir a los directores regionales y distritales.
“Para nosotros es importante apoyar a estos compañeros en sus pretensiones, pero no como Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Entonces, para nosotros es de rigor hacer de conocimiento que nuestra participación es únicamente y exclusivamente como participante voluntario. No hemos formalizado, hasta este momento, una demanda en consecuencia a nombre de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP)”, aclaró.
En tanto, ayer el TSA conoció la medida cautelar y después de escuchar durante casi dos horas los argumentos de las partes, el juez Rafael Vásquez Goico, se reservó el fallo para una próxima audiencia, cuya fecha no fue fijada y dio un plazo de dos días a las partes para presentar la documentación requerida.
Según el abogado de Anproted, Manuel Mata, explicaron al juez que los servidores afectados por la medida quedaron en un limbo por designarse a otras personas en sus funciones. “No había peligro para el Ministerio esperar a que se concluyera el fondo del proceso, que es el recurso contencioso administrativo, que está pendiente y que no se ha fijado aún. Le dimos la base de derecho en que se sustentan los directores regionales y distritales, porque entienden le vulnera derechos fundamentales”.
Foro pide conflicto no afecte docencia en aulas
El Foro Socioeducativo reconoció ayer el derecho de la ADP de emprender acciones para defender sus reivindicaciones, aunque sin afectar el derecho de los niños a recibir una educación de calidad como consagra la Constitución. Propuso que la solución al conflicto se desarrolle fuera de las aulas, en espacios donde prevalezca el diálogo entre el Ministerio de Educación y el gremio.
