La Fundación Institucional y Justicia (Finjus) y la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), saludaron ayer el respaldo económico de los Estados Unidos al Gobierno, en donar US$6.6 millones a los fines de impulsar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y la reforma de la Policía Nacional.
A través de la Carta de Acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la embajada estadounidense en el país entregará 6.6 millones de dólares para la reforma policial.
En sentido, el presidente de la Finjus y encargado del Equipo de Trabajo para la reforma policial del país, Servio Tulio Castaños, dijo a elCaribe que hay que saludar como positivo el gesto de cooperación de los Estados Unidos, destacando que lo importante del donativo es para lo cual se va a destinar.
Asimismo, manifestó que en el país “tenemos un problema, el cual el Gobierno ha tomado la decisión de asumir; es el tema de la reforma policial, y todas las reformas cuestan dinero. Entonces, es oportuna, muy oportuna esa donación”.
Aprovechó para recordar la petición de Robert Thomas, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, para que el Congreso Nacional apruebe la ley de extinción de dominio para que haya más transparencia. Adelantó que esa ley va a estropear el patrimonio que cualquier ciudadano no pueda justificar.
De su lado, Trajano Potentini, vio con beneplácito el aporte económico estadounidense, en el plano de la cooperación internacional hacerse presente en un tema tan sensible como el de la reforma policial, al tiempo que auguró a esos recursos se les dé el mejor de los usos.
“Esto yo creo que será un espaldarazo ampliamente positivo, el que con esos recursos, con esa cooperación, que ojalá se extienda también a la parte de la asistencia técnica, no solamente económica, eso sería ideal”, indicó a este medio.
Ante la propuesta de la ley de extinción de dominio que refirió Servio Tulio Castaños, el pasado sábado el Ministerio Público arrestó al mayor general Adams B. Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán y a otros tres vinculados a una red de corrupción desmantelada tras una investigación denominada “Operación Coral”. De acuerdo al órgano, el general administró más de tres mil millones de pesos durante su gestión como director del Cuerpo de Seguridad Presidencial, sin tener explicación legal.
