El contralor general de la República, Félix Santana García, informó que en los próximos días serán publicadas 20 auditorías de 90 que tienen en proceso.
Destacó que los nuevos alcaldes y los salientes han mostrado mucho interés para que se les practiquen auditorías a la gestión que ellos tuvieron, y los nuevos para recibir las finanzas de esos ayuntamientos saneadas.
“Estamos en un proceso continuo y sin desmayo en cuanto a fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado”, precisó Santana García que habló antes de participar en el lanzamiento del programa fortalecimiento de las capacidades de persecución de los principales hechos penales, con énfasis en la criminalidad organizada, la corrupción administrativa y la violencia de género, auspiciado por la Suprema Corte de Justicia
“Como Contraloría General de la República, estamos complaciendo las solicitudes de esos alcaldes, en ese sentido tenemos unas 15 auditorías que se están practicando en la actualidad”, enfatizó.
Sobre declaración jurada
El contralor general de la República advirtió que las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio serán muy estrictas con los que violen dicho procedimiento legal.
“Tanto la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch, así como la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el consultor jurídico del Palacio Nacional, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Administración Pública realizan acciones para que todos los funcionarios, quédense o no se queden, sean trasladados o sean confirmados, presenten su declaración jurada a partir del 16 de agosto”, expresó el funcionario.
Santana García es miembro de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, creada por el presidente Luis Abinader, mediante el decreto 343-22.
El citado decreto también ordena a la Contraloría que no autorice la inclusión en la nómina pública de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con la Ley 311-14.
La comisión encargada de hacer cumplir el referido decreto, que preside Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética Gubernamental, tiene la atribución de recomendar al presidente de la República la aplicación de las sanciones previstas en la ley contra los funcionarios que violen la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio.
Lo que establece la ley de declaración jurada
La ley sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio obliga a los funcionarios a presentar una lista de su patrimonio y el de la comunidad conyugal a su entrada y salida de sus funciones.
“Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal”, refiere la Ley 311-14.
