Verificarán la declaración jurada de Peña

La Cámara de Cuentas inició la fiscalización de los bienes del exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, atendiendo a un requerimiento de la Procuraduría General de la República.

La Cámara de Cuentas inició la fiscalización de los bienes del exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, atendiendo a un requerimiento de la Procuraduría General de la República.Margarita Melenciano Corporán, miembro del Pleno del órgano fiscalizador, informó que ante la solicitud de la Procuraduría lo que corresponde es la comparación presentada ante la Cámara de Cuentas de las dos declaraciones.

“Se le envió al procurador las dos declaraciones y se le explicó que el proceso que sigue es el de fiscalización, un proceso que lleva mucho tiempo” expuso.

La Procuraduría solicitó mediante una carta a la CCRD, que compruebe la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas de patrimonio del exdirector de la Opret. El procurador, Jean Alain Rodríguez, solicitó al presidente de la entidad, Hugo Álvarez Pérez, además todos los documentos justificativos de las informaciones contenidas en ellas, así como también, la realización de los análisis comparativos de las mismas.

Declaración jurada

Melenciano Corporán, dijo que unos 3 mil 500 funcionarios y exfuncionarios municipales aún no han presentado sus declaraciones juradas de patrimonio y que el 100% de los senadores cumplieron con su declaración como establece la Ley.

La información fue ofrecida por la funcionaria, tras una reunión con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado y el Centro Juan XXlll, en el marco del inicio los trabajos de la resolución que ordena la creación de una comisión de seguimiento para la aplicación de la Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

El senador Arístides Victoria Yeb, quien preside dicha Comisión explicó que el objetivo de la comisión de seguimiento, es buscar el procedimiento más rápido para que los funcionarios públicos, electos y designados puedan cumplir con el mandato de la Ley.

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