La vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el exprocurador general, Francisco Domínguez Brito, y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Secilio Espinal, coincidieron en que el caso Senasa debe investigarse no solo por el desvío de fondos públicos, sino por su impacto humano, sanitario y ético.
Peña afirmó que el Gobierno dominicano no encubre ni tolera actos de corrupción, y reiteró que el Ministerio Público, como órgano independiente, debe actuar con total firmeza la presunta red de corrupción que operó a lo interno del Seguro Nacional de Salud (Senasa) encausada mediante la denominada Operación Cobra.
“Vinimos a gobernar, no a tapar actos de corrupción, inmediatamente se identifican, no se oculta absolutamente nada, el Ministerio Público tiene que atender este caso y llevarlo hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.
Peña subrayó la sensibilidad social del expediente, al recordar que involucra recursos destinados a la salud de millones de dominicanos, y llamó a que, además de las sanciones judiciales, exista una condena social contra quienes traicionaron la confianza pública.
“Este es un caso que nos toca a los 11 millones de habitantes, espero que como sociedad castiguemos y señalemos socialmente a quienes hicieron lo que hoy está saliendo a la luz”, afirmó.
Asimismo, reconoció que el caso ha revelado fallas en los sistemas de control, lo que permitió que el presunto esquema operara durante varios años, y llamó a fortalecer los mecanismos de vigilancia, aunque advirtió que quienes actúan con malas intenciones siempre buscan evadir los controles.
Por su parte, el exprocurador general Francisco Domínguez Brito advirtió que la investigación no debe limitarse al daño económico, sino que debe profundizar en las consecuencias directas sobre la salud de los pacientes, incluida la posibilidad de procedimientos médicos irregulares y muertes provocadas por intereses económicos.
“Este es uno de los casos de corrupción más grandes, pero también uno de los más graves porque toca la salud, si algunas personas murieron en estas operaciones, cualquiera de nosotros debe alarmarse, esto le puede pasar a cualquiera”, expresó.
Exhortó a abrir, una vez concluida la fase de sobornos y desvío de fondos, una investigación sobre el impacto humano de estas acciones dentro de Senasa.
“La investigación apenas debe comenzar en ese aspecto, no basta con establecer responsabilidades por corrupción; hay que determinar si se afectó la vida y la salud de las personas”, enfatizó.
Academia
El rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, abordó el caso desde una perspectiva social y ética, calificándolo como un hecho profundamente preocupante que debe provocar una reflexión colectiva nacional.
Espinal sostuvo que la Operación Cobra representa una oportunidad para repensar el país, fortalecer una cultura de la verdad y promover valores morales desde todos los espacios, especialmente las instituciones educativas y sociales.
“Estos hechos nos llaman a repensarnos como país, a instaurar una cultura fundamentada en la verdad, en los buenos valores y en el buen vivir, es una oportunidad para iniciar una formación ciudadana que promueva la paz, la justicia y la convivencia ética”, expresó.
Sobre el expediente denominado Cobra
La Operación Cobra involucra a diez imputados, entre ellos el exdirector de Sensa, Santiago Hazim, señalados por el Ministerio Público como presuntos integrantes de una estructura dedicada al desvío de fondos públicos, manipulación de procesos internos y otras irregularidades. El proceso judicial mantiene una alta atención nacional por su impacto en el sistema de salud, especialmente en programas sensibles como el de adultos mayores.
