Considera que más que pertenecer o no a un partido, el tener conciencia ciudadana es lo más importante
Después de siete años ostentando el cargo “Defensor del Pueblo”, la doctora Zoila Martínez se prepara para entregar el mando de la institución llamada a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones arbitrarias de instituciones estatales y de los prestadores privados de servicios públicos. En la actualidad, la Cámara de Diputados está inmersa en el proceso de inscripción de las nuevas candidaturas para elegir al nuevo incumbente, los adjuntos y suplentes de esta institución creada en el 2001.
Sobre el particular, Martínez considera que lo más importante es que el servidor público que ocupe esta posición esté consciente de sus responsabilidades y atribuciones.
“A eso de partidos políticos yo no le doy mucha mente, porque hay personas que vienen de partidos políticos y están en partidos políticos y tienen conciencia ciudadana. Eso depende del concepto que la persona tenga de sí mismo y de los demás y de las funciones que se ponen en sus manos”, sostiene. Agrega “Yo vengo de una amistad, y lo dije desde el inicio, que si para optar por esa posición yo tenía que renunciar a esa amistad póstuma, y ya Balaguer estaba muerto, yo no tomaba el cargo, porque ese señor me brindó calor humano, el desde su altura y yo desde Villa Consuelo”, dice.
En ese sentido, Martínez entiende que aunque es necesario que el nuevo titular cuente con vastos conocimientos en derechos humanos, es imprescindible la vocación de servicio y pasión. “Y algo fundamental, no tener miedo, tener respeto sí, pero no tener miedo” enfatiza.
Afirma que en el ejercicio de sus funciones ha tenido que enfrentar poderes económicos en defensa del interés colectivo y de áreas protegidas como el caso de la reserva antropológica Cueva de las Maravillas. Muestra la fotografía del momento en que con toga y birrete subió al estrado para pedir la nulidad del acto de donación, de fecha 15 de agosto del 2014, por medio del cual el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) cede 16,540.28 tareas, equivalentes a 10,401,518.39 de metros cuadrados de terrenos del municipio Ramón Santana, San Pedro de Macorís, a la Fundación Patronato Cueva de Las Maravillas, mutilando el área protegida Río Cumayasa y Cuevas de Las Maravillas.
No obstante, aclara que su intención nunca ha sido dañar reputaciones. Martínez se llena de orgullo cuando observa a ciudadanos conocer y defender sus derechos. A seguidas agrega que este empoderamiento solo se logra a través de la educación.
“El pueblo está acostumbrado a creer que es un honor y un privilegio que le den algo. Aquellos que se consideran afortunados porque se le da una receta o un dinerito, pues no, son sus derechos. Cuando un político le da algo a un pobre, no le está dando nada, porque la Constitución consigna el derecho a la educación, a la alimentación y a la vivienda”, destaca.
“Yo sé lo que se pasa en los barrios marginados, el miedo, el temor hablar a reclamar. Los derechos humanos son para todos, y tenemos que reclamarlo, no podemos permitir que nadie, llámese como se llame, que obstente la representación que sea o el poderío económico y político que tenga, avasalle, maltrate y abuse a los demás. Yo tuve eso claro siendo apenas una estudiante de la escuela Perito Contador”, dice.
No obstante, considera que el pueblo está avanzando en ese sentido, lo que a su juicio se evidencia en las tantas organizaciones que llevan la defensa de los derechos colectivos y fundamentales y en las manifestaciones populares desarrolladas en los últimos cinco años, en las cuales se reclamó justicia para casos de corrupción que implican a funcionarios públicos.
“Yo estuve en la Marcha Verde con la Constitución en la mano. Es un derecho a la libre expresión del pensamiento y al libre tránsito. Cuando veo que hacen sus reclamos, entiendo que la juventud está aportando mucho a la democracia dominicana, y tiene que ser así, un relevo generacional”, puntualiza.
A sus 80 años, quien fuera la fiscal del Distrito Nacional en 1995-1996, decide alejarse de cualquier función pública para darse un merecido descanso y disfrutar de tiempo en familia. “Me voy a dedicar a lo que me ha gustado siempre: a ser abuela, ir al campo a correr detrás de las mariposa, quiero volver a una época de mi niñez que fue muy hermosa”, expresa.
Martínez deja aflorar su sensibilidad cuando habla de abusos a menores. En su función como fiscal le tocó llevar un caso que estremeció al país: el asesinato del niño Rafael Llenas Aybar, planificado y ejecutado por un primo hermano y su cómplice.
“Como triste es la historia de la niña que desapareció (caso Líz María). Yo sigo diciendo que en nuestros barrios pasan casos que se van al olvido”, sostiene. Al hacer referencia a la intención de eliminar el matrimonio que involucra a un menor, sostiene que el tema es más complejo y debe ser tratado de manera integral.
“Estamos hablando de los matrimonios entre un adulto y una menor, pero yo me pregunto, y todas las niña de 12 a 15 años embarazadas, ante la mira indiferente de padres, amigos, vecinos y familiares ¿y los abortos? Todo debe verse en conjunto”, considera.
Uno de los casos que más la marcó como Defensora del Pueblo fue “ver a un papá violar a su hija y una madre ocultándolo como pasó en El Túnel del Capotillo. Yo estuve en las audiencias”, recuerda.
Defensora ha llevado más de cinco mil casos
La Defensora del Pueblo cierra un capítulo en su vida, y dice que se marcha con la satisfacción del deber cumplido. Asegura que en su accionar ha realizado un manejo pulcro y transparente de los fondos públicos puestos a su disposición. Entre sus logros menciona interceder para que 51 familias desalojadas de la Doctor Delgado tengan un techo digno. También defender el derecho de miles de empleados públicos cancelados a tener su liquidación.
“Dada la naturaleza del Defensor del Pueblo la gente viene a conseguir esperanza, y yo no le digo eso no me corresponde, yo trato de conciliar y nos ha dado resultado”, explica Martínez. La institución cuenta con dos área sustantivas: Dirección de Educación e Investigación y la Dirección de Tutela de Derecho, esta última ha manejado más de cinco mil casos relacionados con las prestaciones laborales, seguridad social y temas ambientales,entre otros.
