El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó categóricamente este jueves que la reciente sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional confirmó el “ensañamiento”, la falta de objetividad y la imparcialidad del Ministerio Público contra exfuncionarios y dirigentes de la organización política. La decisión judicial, la cual dispuso el descargo de varios procesados, incluyendo a miembros del PLD, demuestra, según el partido, que «nunca existió la supuesta estructura criminal» presentada en la acusación.
El Fallo Judicial Desmonta la Acusación
El comunicado oficial del PLD señaló que este fallo judicial «ratifica que la acusación carecía de sustento probatorio real». Además, indicaron que se intentó «vincular de manera infundada a una organización política con actos ajenos a su naturaleza y práctica institucional». Para el partido, el veredicto final deslegitima las bases de todo el proceso.
Graves Acusaciones Contra el Ministerio Público
Durante el transcurso del proceso judicial, el PLD recordó que el Ministerio Público desconoció garantías fundamentales, afectando gravemente la reputación de los implicados. La organización detalló que la acusación se construyó utilizando filtraciones y declaraciones sin sustento, creando así una narrativa política que algunos medios de comunicación amplificaron. El documento del partido enfatizó que «la justicia no se construye con titulares, sino con pruebas», y este caso «ha evidenciado que las imputaciones carecían de base legal y probatoria».
Un Caso Fabricado con Fines Políticos, Según el PLD
El PLD también cuestionó severamente la inclusión de personas en el expediente que, según las pruebas disponibles, debieron ser excluidas desde el inicio. Acusaron al Ministerio Público de «armar un caso con fines políticos» para simular la existencia de una red criminal inexistente.
«Lawfare»: La Judicialización de la Política
Para el Partido de la Liberación Dominicana, la sentencia evidencia que, durante un periodo de cinco años, se intentó sustituir el debido proceso con «campañas de descrédito orquestadas desde el poder político». La organización calificó este caso como un claro ejemplo de «lawfare» —la judicialización de la política—, una práctica que aseguran haber denunciado en múltiples ocasiones.
Advertencia sobre el Impacto en la Confianza Ciudadana
El partido advirtió que este tipo de acciones erosionan significativamente la confianza ciudadana en las instituciones, debilitan la democracia y distorsionan la lucha legítima contra la corrupción. Con estas prácticas, la verdadera lucha anticorrupción se convierte en un «instrumento de venganza y manipulación política», según el PLD.
