El Tribunal Superior Electoral (TSE) ya tiene la logística preparada para que en caso de que el Ministerio Público someta a una persona por cometer algún tipo de delito electoral, el mismo sea juzgado respetándose el debido proceso y las garantías procesales penales.

Así lo informó el presidente del TSE, Román Jáquez, al término de una reunión que sostuvo ayer con el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, donde coordinaron las acciones a realizar para el combate y procesamiento de quienes violen la ley electoral.

El magistrado indicó que ya tienen listo el proceso para la Oficina de Atención Permanente, la designación de los jueces en cada etapa, es decir, también en la fase preliminar y el juicio de fondo así como cualquier tipo de custodia, que se coordinó con el procurador Rodríguez.

Darán respuesta oportuna

“El tribunal no tiene ningún tipo de dudas en que va a satisfacer y va a dar respuesta oportuna, apegada al debido proceso y las garantías procesales penales a todas las personas que sean acusadas de este tipo de infracciones”, expresó Jáquez.

Además, afirmó que por el momento, debido al poco espacio con el que cuentan, las audiencias se desarrollan en la única sala que tienen.

“Nosotros conoceremos la medida de coerción y ordenaremos las medidas de allanamiento, de intervención que fueran necesarias a través de un juez, o jueza de atención permanente que el pleno tendrá a bien designar, esa Oficina de Atención Permanente funcionará vía Secretaria General del Tribunal y tendremos un personal que ya está en la fase final de capacitación”, explicó Jáquez.

Detalló que también se designará un juez de la instrucción, lo propio para cualquier apelación de una medida de coerción, para un habeas corpus y para una apelación en este sentido. Igualmente, se tendrá el juez de la audiencia preliminar y el del juicio de fondo.

Resaltó que no habrán jueces externos, sino que además de los cincos titulares, participarán los cinco magistrados suplentes, “que son los únicos que constitucionalmente tienen esta facultad”.

Jáquez consideró que lo más importante de todo esto, es que la Junta Central Electoral (JCE), la Procuraduría General de la República (PGR) y el TSE están coordinando esfuerzos para que a la hora de que se produzcan una infracción electoral “se trabaje apegado a la Constitución, el debido proceso y si fuera el caso con los dientes de la ley se muerde ese infractor”.

Delitos tienen penas de hasta dos años de cárcel

Ayer, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que las personas que incurran en algún delito electoral podrán ser castigadas con reclusión carcelaria de un mes hasta dos años y multas de hasta diez salarios mínimos del sector público dependido del tipo de infracción cometida. Esas sanciones se contemplan para los candidatos, funcionarios electorales o cualquier otra persona.

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