La República Dominicana ha estado bajo el ataque de organismos internacionales y de Estados Unidos por la deportación de ilegales haitianos.
El Directorio de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) consideró como “inaceptable y contraproducente” que actores poderosos dentro de organismos del sistema de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno del presidente Joe Biden pretendan que la República Dominicana se convierta en el espacio de solución a los graves problemas de Haití.
La UPLA, que agrupa a 25 partidos y movimientos políticos de 19 países de Latinoamérica, entre los que se encuentran el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP), manifiesta en una resolución dada a conocer ayer en el marco de una conferencia de prensa, que las pretensiones de esos organismos de la ONU y de la administración del presidente Biden son que República Dominicana asuma la condición de “Estado Tapón” de esa crisis internacional que no ha provocado. La decisión fue adoptada en el marco de una reunión efectuada en la ciudad de Montevideo, Uruguay,
“También quieren que el territorio dominicano se convierta en zona de refugio de una población haitiana que hace tiempo ha desbordado todos los límites de lo tolerable, lo que implicaría menoscabar o anular el derecho inalienable al propio desarrollo y afectar su integridad territorial y demográfica”, agrega el comunicado de la sección latinoamericana regional de la Unión Internacional Demócrata (IDU), que aglutina a partidos conservadores, democristianos, liberales y de derecha.
En la rueda de prensa, celebrada en la sede del Partido Reformista Social Cristiano, participaron el presidente de esa organización, Federico Antún Batlle (Quique); el vicepresidente de la FNP, Pelegrín Castillo; el presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez; y el presidente del Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Juan Cohen, entre otros.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos instó a la República Dominicana a detener las deportaciones de ilegales haitianos debido a que la violencia que se vive Haití no les permite un regreso seguro a esos ciudadanos. También el gobierno de Estados Unidos, acusó al país de violar los derechos de las personas que son detenidas para ser devueltas a Haití.
