Las donaciones o aportes a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos con dinero proveniente del narcotráfico, criminalidad organizada u otro ilícito mediante el lavado de activos, mantienen divididas las opiniones de expertos en materia económica y activistas sociales, respecto a si los políticos deben ser sujetos obligados o no.
Mientras el economista y experto en prevención de lavado de activos, Roberto Mella Cohn, considera innecesario convertir a los partidos en sujetos obligados, para evitar la penetración del crimen organizado en la actividad partidaria y el financiamiento con fondos ilícitos; Claudia Álvarez Troncoso, integrante de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana, plantea la necesidad de reformar la ley de partidos para crear un órgano supervisor y sancionador de este y de otros delitos electorales.
Los especialistas hablaron del tema al participar en el panel del programa Despierta con CDN, titulado “Partidos políticos sujetos obligados no financiados”, en el que también estuvo presente el representante del Centro Juan XXIII, Hamilk Chahín.
Mella Cohn argumenta que la actual legislación electoral establece controles muy claros para evitar el financiamiento de los partidos, campañas políticas y candidatos con fondos ilícitos o de dudosa reputación, aunque admite que en principio “pareciera ser insuficiente, porque no se le da cumplimiento”.
Entiende que más bien debe tenerse una Unidad Especializada de Control Financiero de la Junta Central Electoral funcional, con capacidades técnicas y recursos, y sobre todo independiente, que fiscalice a los partidos y los sancione en caso de incumplimiento, tal como establece la Ley de Partidos.
De su lado, Álvarez Troncoso afirma que la deficiente aplicación de la ley de partidos respecto al financiamiento ilícito se debe a que esta norma “no tiene las garras sancionatorias suficientes” para que los partidos se abstengan de recibir dinero ilícito.
“Lo que queremos establecer es que a la sazón de una supervisión más directa e influyente, que tenga las garras necesarias a nivel sancionatorio para el aspecto electoral. Tenemos que acompañarlo también con las obligaciones y responsabilidades, como las tiene un sujeto obligado de la ley de lavado de activos, es lo que queremos que se apoye y trabaje en conjunto”, sugiere la dirigente de Participación Ciudadana.
Mella Cohn señala que la Ley 155-17, contra el Lavado no establece un ente supervisor para los partidos políticos, razón por la que considera que para crear una autoridad competente debe modificarse esta norma.
Considera que no existe ninguna garantía de que si se incluyera ese aspecto en la ley se le daría cumplimiento, a lo que Claudia Álvarez respondió enérgicamente diciendo que el órgano fiscalizador y sancionador puede crearse a través de las ley de partidos pero con la salvedad de que se le debe imponer el término “autoridad competente.
“Que le pueda dar garras a la ley actual”
Los planteamientos de la integrante de la Comisión de Justicia de Participación Ciudadana son refrendados por el representante del Centro Juan XXIII, Hamilk Chahín, al asegurar que con la creación de un ente regulador en adición a lo que existe habría mayor nivel de control. “Que le pueda dar garras a la ley actual y que sea efectivo. Una de las cosas por las que los partidos se niegan, es que dicen que no tienen capacidad material de responder ante el compromiso de que los pongan como sujeto obligado”, expone.
