Participación Ciudadana planteó la necesidad de que la Junta Central Electoral (JCE) establezca responsabilidades por las “innumerables violaciones a las leyes y reglamentos” en las elecciones primarias, situaciones que le permiten declarar que los resultados “no han sido legítimos”.
“Fue innegable la incapacidad de la JCE de poner fin oportunamente a las prácticas violatorias de las leyes, como el proselitismo y la profusa campaña alrededor de los recintos de votación. Estas violaciones y sobre todo el uso de los recursos del Estado a favor del precandidato oficialista permiten declarar que los resultados de estas primarias no han sido legítimos”, expresó.
Al presentar el segundo informe de Observación Electoral, definió el proceso de decepcionante en cuanto a las “violaciones a las leyes sin actuación por parte de las autoridades competentes”.
Fue presentado por el Consejo Nacional, encabezado por su coordinador, Heiromy Castro, quien dijo que en 26 años han desarrollado diez de observaciones e integrado a más de 55 mil voluntarios al monitoreo.
De igual forma PC, entiende que el organismo electoral debe crear los mecanismos para que no sean repetidas las irregularidades, “buscar acuerdos con los partidos y candidatos para adecentar las prácticas y el discurso electoral”.
Indicó que entre las acciones incluye frenar el “desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista”.
Otros reclamos
Reclamó también la implementación de una campaña de educación ciudadana referida al comercio de votos, dirigida tanto a la clase política como a la ciudadanía.
Señala, además, que la JCE debe buscar consenso en el sistema político para la utilización del voto automatizado, dadas las objeciones que surgieron tras su implementación en las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Moderno (PRM).
Participación Ciudadana también consideró que para las elecciones venideras la Junta Central Electoral (JCE) tiene la responsabilidad de frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato del PLD, Gonzalo Castillo, a los fines de garantizar unos comicios democráticos y equitativos.
