La nueva gestión de la Junta tendría el reto de organizar el primer referendo que se haga en el país en el caso de que los aspectos reformados de la Constitución así lo ameriten, como han sostenido algunos juristas.
La nueva Junta Central Electoral (JCE) que se instale a partir de noviembre próximo cuando concluye la actual gestión, tendrá muchos retos como la renovación de la cédula de identidad y electoral, el fortalecimiento del sistema electoral y tomar medidas para que la competencia electoral sea más equitativa.
Igualmente, la nueva gestión del órgano electoral tendría la responsabilidad de hacer el referendo aprobatorio de la reforma constitucional en caso de que los cambios introducidos así lo demanden.
También tendrá que velar por el fortalecimiento del registro civil especialmente el Libro de Extranjería que siempre es objeto de críticas por la cantidad de parturientas extranjeras que dan a luz en el país, genralmente de nacionalidad haitiana.
La actual gestión pospuso el inicio de la renovación del documento de identidad para una fecha aún no identificada.
La decisión está contenida en la resolución 49-2024, que explica que la población podrá seguir utilizando su cédula, aunque esté vencida, hasta que se reanude el proceso.
Originalmente, el proceso de cambkio del carné de identidad estaba previsto para el pasado 17 de agosto.
Sobre el referendo
El proyecto de reforma de la Constitución que sometió el Poder Ejecutivo y está bajo estudio de una comisión bicameral, plantea una cláusula pétrea para evitar que el artículo 124 sobre el modelo de reelección presidencial sea modificado en el futuro.
Aunque el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha dicho que no es así, juristas como Eduardo Jorge Prats, Nassef Perdomo, Manuel Fermín y Flavio Darío Espinal han planteado que sería necesario un referendo para aprobar ese cambio.
El artículo 210 de la Constitución establece que las consultas populares mediante referendo estarán reguladas por una ley que determinará todo lo relativo a su celebración. En el Congreso hay varios proyectos de ley sobre el referendo, incluido uno sometido por el Poder Ejecutivo en la gestión del presidente Luis Abinader.
En tanto, el párrafo uno del artículo 272 de la Constitución establece que la Junta Central Electoral someterá a referendo las reformas dentro de los sesenta días siguientes a su recepción formal.
Mientras, el párrafo dos de ese mismo artículo establece que las reformas “a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de éstos exceda del treinta por ciento (30%) del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el Registro Electoral, sumados los votantes que se expresen por sí o por no”.
Quejas por inequidad en la campaña
En las elecciones presidenciales, congresuales y municipales efectuadas este año, los partidos de oposición repitieron la queja de siempre del supuesto uso de los recursos del Estado para beneficiar los candidatos del partido oficial.
A pesar de eso, la JCE no tomó medidas para que la competencia entre los partidos fuera más equitativa. Participación Ciudadana ha reconocido que la ley Electoral no es lo suficientemente robusta para empoderar al órgano electoral para tomar acciones en ese sentido.
La Junta tiene pendiente entregar investigación
La JCE ratificó recientemente que los hijos de extranjeras que estén en tránsito en la República Dominicana deben ser registrados en el Libro de Extranjería como establece la ley y, que ante denuncias de que supuestamente algunos de esos nacimientos estarían registrados como dominicanos, informó que realiza una investigación. Los resultados de ese estudio no han sido publicados por el órgano electoral, pero solo han transcurrido tres semanas desde que informó la decisión el 26 de agosto pasado. “Este órgano constitucional es fiel garante de la soberanía del pueblo dominicano y de las demás características que nos identifican como nación y que, bajo las directrices del actual pleno y con el compromiso e integridad que caracteriza a los empleados/as de este órgano, reiteramos que el registro civil está resguardado contra acciones que pudieran atentar contra su integridad, razón por la cual, todos los actos registrables son instrumentados, cumpliendo estrictamente con lo que establece la Constitución de la República, las leyes y las decisiones de los tribunales”, indicó el órgano electoral en un comunicado en el que anunció la investigación sobre los nacimientos registrados en el registro civil.
