El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo ocho expedientes de acciones directas de inconstitucionalidad, siete de ellas contra la ley electoral y la resolución de la Junta Central Electoral que mantiene el arrastre en seis demarcaciones.
La audiencia que estuvo presidida por el juez sustituto, Rafael Díaz Filpo, se conoció tres acciones que buscan la nulidad de la resolución número 08-2019, de la Junta Central Electoral (JCE).
El Partido de la Liberación Dominicana elevó uno de los recursos donde solicitan que sea anulada dicha resolución por ser no conforme a la Carta Magna. Alfredo Ramírez también atacó la norma y actuó como interviniente voluntario el Partido Demócrata Popular.
En cuatro acciones de inconstitucionalidad se atacan varios artículos de la ley 15-19, orgánica de régimen electoral, principalmente las disposiciones sobre los niveles de elección y el método de escogencia de los senadores, alcaldes y directores de distritos municipales.
El primer expediente conocido fue el incoado por el movimiento Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA) contra los artículos 131 y 132 de la Ley 15-19, sobre las alianzas electorales.
Asimismo, otros tres recursos contra el artículo 104, sobre circunscripciones electorales, de la citada Ley. Estos fueron accionados por Francisco del Rosario, Juan Bautista Castillo, Bunel Ramírez Meran, Eduardo Anziani Zabala, Sandra Báez Almonte y Fredermido Ferreras Díaz.
Los abogados de la Cámara de Diputados, como autoridad de donde emana la norma, pidieron que estos expedientes fueran fusionados porque tres de los recursos giraban en contra del artículo 104, párrafo IV, sobre la conformación de las circunscripciones electorales.
Los accionantes Bunel RamÍrez Merán, Eduardo Anziani Zabala se opusieron alegando desconocer la esencia de los demás casos. Los jueces se reservaron el fallo del pedimento para pronunciarse conjuntamente con el fondo.
También se conoció un recurso contra el artículos 92 de la misma Ley define los niveles de elecciones.
