El robo de cables eléctricos que dejó sin iluminación la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) el pasado domingo volvió a poner en evidencia las vulnerabilidades en los sistemas de seguridad aeroportuaria del país. El incidente obligó a varias aeronaves a permanecer en espera antes de recibir autorización para aterrizar, generando preocupación sobre la protección de áreas consideradas críticas dentro de la terminal aérea.
Tras investigar lo ocurrido, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) confirmó que el hecho fue perpetrado por personas ajenas a la institución, calificadas como “vándalos”. El caso reavivó el debate sobre los mecanismos de vigilancia y control en instalaciones estratégicas para la aviación civil.
Incidentes anteriores reflejan debilidades en la vigilancia
El robo de los cables no constituye un hecho aislado. En años recientes, varios individuos han logrado acceder de manera irregular a zonas restringidas de aeropuertos dominicanos. Algunos incluso consiguieron abordar vuelos como polizontes, mientras que otros penetraron áreas de acceso limitado aprovechando fallas en la supervisión y vigilancia.
Como organismo responsable de la seguridad aeroportuaria, el Cesac tiene la misión de proteger a pasajeros, tripulaciones, aeronaves y aeropuertos frente a cualquier acto que ponga en riesgo la aviación civil. Esta responsabilidad está establecida en la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, que designa a esa entidad como la autoridad competente en la materia.
La ley contempla sanciones de hasta 30 años de prisión
La legislación dominicana establece severas penas para quienes cometan actos que amenacen la seguridad aeroportuaria. De acuerdo con la Ley 188-11, las sanciones van desde multas y penas correccionales hasta condenas de 30 años de prisión para los delitos más graves.
Entre las infracciones castigadas por la normativa figura la introducción no autorizada en aeronaves o aeropuertos cuando dicha acción pone en peligro la seguridad de las operaciones. Este delito puede acarrear penas de dos a cinco años de prisión, las cuales aumentan considerablemente si se producen lesiones graves o la muerte de alguna persona.
La ley también sanciona a quienes provoquen deliberadamente situaciones que comprometan una aeronave, incluyendo acciones que puedan causar su caída, pérdida o aterrizaje forzoso. En esos casos, los responsables pueden enfrentar hasta 30 años de reclusión mayor.
Asimismo, el incumplimiento de instrucciones emitidas por el personal de seguridad aeroportuaria o por el comandante de una aeronave puede derivar en penas de prisión y multas económicas. Las disposiciones buscan garantizar la protección de las operaciones aéreas y prevenir cualquier acto que represente una amenaza para la seguridad de pasajeros y tripulaciones.
