Santiago. El Proyecto de Movilidad Urbana Segura, que se implementará en 2018, plantea varios retos pendientes como la necesidad de afrontar y solucionar la seguridad vial y un sistema integrado de monitoreo de flujos de tránsito.
Asimismo, se requiere de trabajar en el uso obligatorio de cascos en los motores y del cinturón de seguridad, eliminar la ingesta de bebidas alcohólicas al conducir, integración de las rutas de transporte urbano e interurbano y un sistema de transferencia que pase de la individualidad a lo colectivo.
Los planteamientos fueron presentados durante un encuentro entre representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la empresa de consultoría española Idom y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) con funcionarios del Ayuntamiento de Santiago.
En el encuentro intercambiaron los avances y retos de la movilidad en la ciudad en el contexto del programa de movilidad urbana que se implementará el próximo año.
Reynaldo Peguero, director ejecutivo del Consejo Estratégico, reconoce que se ha avanzado en la creación de una central de mando y gestión de tránsito y transporte, con un sistema de cámaras municipales, renovación de los semáforos inteligentes, la señalización, mejoría de la gestión municipal estableciendo una coordinación entre la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).
También la reducción de la publicidad exterior para mejorar la concentración de los conductores.
Recientemente, el BID desembolsó los recursos que había acordado aportar mediante convenio, para formular un Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible del Área Metropolitana de Santiago (Pimus). El organismo multilateral se comprometió el pasado año con aportar 300 mil dólares con carácter de donación en un encuentro encabezado por Flora Montealegre de Painter, representante del BID; e Isidoro Santana, ministro de Economía.
