Villa Vásquez. La decisión de un juez, de variar la coerción en favor de la suspendida fiscal y cuatro agentes adscrito a la DNCD acusados de plantar drogas, generó el rechazo general de la población y temor entre los propietarios de la berbería donde colocaron los estupefacientes.
A pesar de que el Ministerio Público informó que apelará la decisión del juez César Darío Núñez Martínez, de la Oficina de Atención Permanente de Montecristi, que favorece a la fiscal Carmen Lisset Núñez Parra, al variar la coerción a prisión domiciliaria, y a los agentes a sólamente una garantía económica, la reación ciudadana ha sido de rechazo.
Muchos aseguran que esto envía un mal mensaje y deja desprotegidas a las víctimas. Carlos Miguel Escoto, quien junto a Otoniel Gutiérrez y Edabel Peña, fungen como acusadores de la ex fiscal y de los miembros de la DNCD, Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adan Maurito Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias Peguero, dijo que esta medida provoca que en la población crezca más el descontento y la desconfianza hacia la justicia.
Reacciones
El juez César Darío Núñez Martínez dispuso contra los agentes antinarcóticos el pago de una garantía económica de RD$40 mil pesos cada uno, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el despacho de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de Montecristi. Tras conocer la decisión, Escoto dijo que la fiscal y los jueces son protegidos por los máximos representantes del Ministerio Público de esa jurisdicción, y que por eso ni siquiera cumplieron los seis meses de prisión en el penal al que fueron enviados.
“Nosotros trabajamos con temor, pues hasta el delincuente que le dicen Mendallito, que ellos utilizaron, ya está suelto. La fiscal y los policías, a pesar de que la coerción decía que debían pasar seis meses en Rafey en Santiago, nunca fue cumplida y permanecieron en el cuartel policial de Montecristi”, adujo Carlos Miguel Escoto al hablar para elCaribe.
Los dos socios de la Berbería El Maná, Otoniel Gutiérrez y Edabel Peña, antes de emitir sus opiniones dijeron que prefieren esperar. También el abogado que los representa, Félix Portes, informó que esperan por la lectura de la resolución. Los comerciantes de aquí temen hacer denuncias ante la Policía y mucho menos a ofrecer sus nombres, por miedo a represalia. “Aquí la justicia no sirve, si ese video no mostrara lo que hicieron, estos muchachos fueran los que estuvieran presos. Esto es un abuso, ojalá que no quieran también llevarlos a sus puestos a la fiscal y los policías”, expresó la ciudadana Yatiuska Batista.
Ministerio Público apelará decisión
El Ministerio Público informó que procederá a recurrir en apelación por no estar de acuerdo con la decisión de variar la medida de coerción, tras señalar que la prisión preventiva es la medida más idónea en este caso, ya que existe el peligro de fuga. Indicó que los imputados son acusados de violar los artículos 38, 42, 44, 169 párrafo I, y 255 de la Constitución de la República, que tipifican la violación al derecho de la dignidad humana, respeto a la integridad psíquica y moral, honor personal. Así como de violar los artículos 114, 123, 166, 184, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
