El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que tanto él como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) han depositado ante la Procuraduría General de la República la documentación correspondiente a transacciones vinculadas a propiedades que no cuentan con solvencia en los registros gubernamentales.
En tanto que la fiscalía de Puerto Plata confirmó que fue depositada una querella con constitución en actor civil interpuesta por el CEA, sobre un supuesto entramado de estafa inmobiliaria que involucra más de cinco millones de metros cuadrados.
Los terrenos están ubicados en la parcela 263 del distrito catastral número 3 de este municipio, y según la denuncia, afecta de manera controversial al Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
De acuerdo con Paliza, existen altas dudas sobre la legalidad de dichos procesos, los cuales aparentarían ser falsificaciones y formarían parte de una estructura orientada a defraudar al Estado y al Gobierno dominicano.
El funcionario señaló que se ha mantenido prudente debido a que el órgano persecutor está realizando su labor, pero confirmó que se trata de varias operaciones similares que abarcan más de cinco millones de metros.
Indicó que todos los documentos fueron entregados para que la Procuraduría lleve a cabo las diligencias correspondientes y actúe conforme a la ley en caso de comprobarse las falsedades.
El caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, a cargo de la magistrada Maribel Reynoso.
En este sentido, se han realizado diversas diligencias investigativas y el proceso continúa en curso, a los fines de determinar si los hechos contenidos en la querella constituyen un ilícito penal, y las posibles responsabilidades, respetando siempre el debido proceso.
“Como es de su conocimiento, en virtud de las disposiciones del Código Procesal Penal y del deber de reserva propio de esta etapa, no resulta posible ofrecer mayores detalles sobre el contenido de la investigación”, apunta el Ministerio Público ante la solicitud de datos del periódico elCaribe.
Terrenos
El Consejo Estatal el Azúcar ha denunciado presuntas irregularidades en los documentos utilizados para transferir a particulares dicha parcela
Los terrenos están próximos al gran proyecto turístico Punta Bergantín y al área de impacto de la futura Autovía del Ámbar que conectará en treinta minutos a Santiago con Puerto Plata.
Tanto el CEA y la Dirección de Bienes Nacionales, a través del abogado Abraham Burgos Gómez, presentaron ante los tribunales de esta dirección judicial en fecha 17 de septiembre de 2025, una querella en contra de las personas responsables de esta presunta estafa inmobiliaria.
Esta acción judicial identifica a Diomedes Junior Mesa Piña, Nancy América Marrero Toribio, la empresa Cadefa, SRL, José René Caraballo Laza y Dominicana Molina Ureña, como las personas que en el 2002 incurrieron en la venta de estos terrenos y que han dado origen a esta controversia.
Los ejecutivos del CEA cuestionan un informe técnico evacuado en el 2026 en base a un poder presidencial emitido dos años antes, el cual fue incluido entre los documentos para llevar a cabo esta operación fraudulenta. Entiende que esta operación debe investigarse a fondo debido a que una eventual ejecución hipotecaria, compromete los derechos sobre dicho inmueble.
CEA denuncia utilizaron documentos falsos
Según la querella del CEA, Diomedes Junior Mesa Piña solicitó el 29 de diciembre de 2023 ante la Dirección Nacional del Registro Inmobiliario un duplicado por la pérdida de su certificado de título en la parcela número 263, incluso para realizar este trámite utilizó un poder especial fechado el 22 de septiembre de 2023, el cual supuestamente le fue otorgado por la Dirección General de Bienes Nacionales.
Las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar sostienen que este documento fue falsificado, porque Mesa Piña nunca figuró como empleado de las instituciones estatales a cuyos nombres éste actuaba.
