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La situación política venezolana. Ni injerencia ni apatía

Uno de los grandes peligros que acechan a hombres –y a naciones- es aquel producto del aburrimiento o acoplamiento ante constantes desmanes -sin consecuencias o castigos visibles- contra la idea universal que propugna por la importancia medular del&#823

Uno de los grandes peligros que acechan a hombres –y a naciones- es aquel producto del aburrimiento o acoplamiento ante constantes desmanes -sin consecuencias o castigos visibles- contra la idea universal que propugna por la importancia medular del bien común. Algunos denominan a este fenómeno como “pérdida de capacidad de asombro” y diversos pensadores lo llaman “fatiga de la compasión”, sin embargo, palabras más o palabras menos, todo esto no es más que la expresión diversa de una enfermedad social de incidencia alta y recurrente: la apatía.

Los gobiernos de nuestros países están conscientes de la existencia de prácticas corruptas en el entramado privado empresarial. Los empresarios por su parte conocen con detalles la naturaleza corrupta de los gobiernos. Ambos, en una especie de relación simbiótica, a partir de los resultados de esa práctica alimentan sus arcas personales y corporativas.

Los ciudadanos, los que en sistemas democráticos están habilitados para legitimar con su voto y los que además posibilitan la existencia de beneficios al sector privado con el consumo de bienes y servicios, carecen de medios expeditos para, cuando hastiados por prácticas provenientes del gobierno y contrarias al bien común o, derivadas del sector privado, deciden retirar de manera sumaria el favor que por medio del voto o de la tácita aquiescencia han otorgado a unos y otros.

Deben para ello aguardar las contiendas electorales para negar el voto al gobierno –cuando la práctica clientelar lo permita- y, frente a los empresarios, para casos de envergadura o mediatización inocultable esperar a que alguna autoridad pública o instancia judicial se convierta en garante de sus derechos.

Como puede verse los mecanismos para garantizar la preservación de esa máxima universal sobre la importancia del bien común están mínimamente establecidos y todos de alguna u otra forma están relacionados -o deben estarlo- a la política.

La diferencia entre la defensa efectiva del interés –o bien- común o su banalización mendaz radica en la manera en cómo se asuma la práctica política, la cual, según Aristóteles debía ser el resultado de la aceptación de la existencia simultánea de grupos diferentes y, por tanto, de diferentes intereses y tradiciones, dentro de una unidad territorial sujeta a un gobierno común.

Cuando se prostituye este principio aristotélico que defiende la máxima de que la práctica política que resulta en beneficio para las sociedades debe darse en estados organizados que reconocen y respetan la idea de que están formados, no por autómatas, sino por un conglomerado de múltiples miembros –hombres e instituciones- entre los cuales debe primar respeto y colaboración, se desnaturaliza entonces en beneficio de un grupo o de una persona que, en teoría debía ser representante de las masas pero que en la práctica resulta ser su amo y señor, en un régimen autocrático, aunque estas no avalen necesariamente su autoritario accionar.

Tal como sucede a lo interno de la mayoría de países en los que, como principio, la práctica política está supeditada a un sistema de partidos los cuales se disputan el poder por medio de elecciones –democráticas- cuyos resultados vienen a ser el elemento legitimador del ejercicio de gobierno, el cual solo debe sustituirse por medio del subsiguiente proceso electoral, en el derecho internacional existen unos principios erga omnes que resultan ser los garantes de la pacífica convivencia entre los Estados, estos son la no injerencia y el respeto a la libre determinación de los pueblos.

En relación a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados subyace la inquietud de que, si se considera como injerencia las expresiones públicas y ciertas posiciones no consensuadas, surge el peligro de incluir en el conjunto de acciones prohibidas algunas iniciativas destinadas a eliminar las causas profundas de un potencial conflicto o el respaldo a actividades de promoción de la gobernanza o incluso la práctica de un legítimo interés en la preservación de la paz y seguridad internacionales como variante de la idea del bien común.

De ahí que, en relación a la situación que actualmente vive Venezuela en términos políticos, económicos y sociales, la preservación y respeto del principio de no injerencia no debe relajarse al punto de que, en la disposición de preservarlo, los países muestren un exceso de desinterés o apatía que a la larga resulte pernicioso no solo para Venezuela sino para toda la región.

Evidentemente, los temas a los que Venezuela debe prestar atención es un tema de los venezolanos y por tanto, es a ellos a quienes les compete resolverlos, no obstante eso, no es Venezuela un simple miembro más de la comunidad internacional, sino que, en el continente americano ha sido siempre un actor de primer orden en la mayoría de temas nodales para su desarrollo lo que debería obligar a que en momentos difíciles todo el continente esté al lado de su pueblo.

La idea correcta de los países de abstraerse de prácticas injerencistas debe estar matizada con el interés genuino de que se respete la división de poderes y la convivencia institucional, incluyendo la de sus ciudadanos, como garantía de una práctica genuina de democracia y de libertad.

Hay que recordar que la política son las acciones públicas de hombres libres, de modo que el principio de libertad debe proteger holgadamente a los hombres de las acciones públicas y de aquellas provenientes de entidades o gobiernos.

¿Podría catalogarse de injerencia la sugerencia de diálogo entre gobierno y oposición formulada por algunos países? La comunidad internacional ve con buenos ojos que un número importante de países hayan hecho la propuesta de mediar en un diálogo constructivo. De hecho, el propio gobierno venezolano, en el pasado, ha aceptado este tipo de mediación para impulsar un diálogo con la oposición, aunque este no haya aportado resultados positivos visibles.

Los países no deben acomodarse a ver perecer definitivamente en Venezuela el orden democrático. Sin ser injerencistas deben formular propuestas que denoten el interés porque gobierno y oposición, élites y ciudadanos de a pie, así como todos los poderes del Estado cuenten con las herramientas necesarias para entenderse en pos de garantías de gobernabilidad.

Muchos de los conflictos internacionales de envergadura han aportado antes de iniciarse señales inequívocas de advertencia o de potencial peligro, las cuales muchas veces fueron ignoradas, desestimadas o minimizadas. Venezuela no debe ser el caso.

En retribución a todo el apoyo que le ha dado Venezuela tradicionalmente a República Dominicana, este país debe plantear con pragmatismo, sin injerencia pero sin mostrar apatía, propuestas que contribuyan al clima de paz y de sosiego en beneficio específicamente del noble, trabajador y solidario pueblo de Venezuela.

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