Santo Domingo.- El Bloque de Diputados del Partido Fuerza del Pueblo (FP), sometió este jueves un Proyecto de Resolución mediante el cual solicita al Pleno de la Cámara de Diputados, que en mérito a las atribuciones que le confiere la Constitución de la República, apruebe la creación de una Comisión Especial, para investigar lo relativo al uso de los fondos del Presupuesto Nacional del Estado, alegadamente destinados al uso de un plan nacional de asfaltado.
Con su propuesta el Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo, busca que la Comisión Especial, establezca si el proceso de selección y adjudicación de treinta y nueve contratos por un valor RD$11,500 millones de pesos, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, denunciado por un programa de televisión, se hizo cumpliendo con la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06, también si las partidas destinadas a tales fines correspondían a la asignación contenidas en el presupuesto del año 2019.
De Igual manera los legisladores se adhirieron a la necesidad de investigar el otorgamiento de mil millones de pesos (RD$ 1,000,000,000) hecho por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones a favor de la empresa ASIMRA en violación a la ley de Compra y Contrataciones, según lo denunciado por otro programa televiso.
“Los legisladores proponentes somos categóricos en señalar que los referidos hechos están configurados como infracciones de naturaleza penal y en vista de que el Ministerio Publico no se ha apoderado de una investigación a los hechos denunciados, los legisladores nos vemos precisados a jugar nuestro rol constitucional de fiscalización y control de las actuaciones de los demás poderes del Estado por lo que estamos solicitando la creación de la referida Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados”, dijo Merán
Henry Merán, Vocero del Bloque de Diputados de la Fuerza del Pueblo, la encabezar la rueda de prensa indicó que la iniciativa se enmarca en lo dispuesto en la Constitución de la República, que reconoce como función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
Afirman además, que dentro de las atribuciones que la Constitución de la República le confiere al Congreso Nacional, están las de pronunciarse a través de resoluciones acerca de los problemas o las situaciones de orden nacional o internacional que sean de interés para la República Dominicana, citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizados del Estado, ante las comisiones permanentes del Congreso, para edificarlas sobre la ejecución presupuestaria y los actos de su administración y supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance.
“En nuestra condición de representantes de nuestros electores y en nuestra función fiscalizadora estamos velando que las personas naturales o jurídicas involucradas no perciban fondos estatales para fines personales o políticos mediante procedimientos ilegítimos”.
En la resolución los legisladores de la Fuerza del Pueblo, solicitan que una vez creada la Comisión los legisladores reclamarán que todas las empresas y personas beneficiadas con los referidos contratos sean citadas e investigadas, y que esa experticia se lleve a cabo acompañado de los medios de comunicación, las organizaciones sociales y comunitarias correspondientes a las demarcaciones que según los referidos contratos serían intervenidas en el plan de asfalto, por el Ministerio de Obras Públicas.
El Proyecto de Resolución, tiene mayor relevancia tomando en cuenta que lo denunciado atañe a la utilización de fondos públicos, con el deliberado propósito de influir en los electores para distorsionar el curso democrático en un proceso electoral.
Conforme a lo revelado hasta el momento dichos recursos fueron desviados para obtener rentabilidad política en el marco de la campaña electoral con miras a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales previstas para este año 2020, y muy en especial en la recién concluidas primarias abiertas del PLD celebradas el 06 de octubre del pasado año, coincidiendo la adjudicación y ejecución de dicho proyecto con el periodo previo y durante el desarrollo de la referida actividad interna, en la cual el ministro a cargo de esa dependencia intervino como precandidato presidencial del partido de gobierno, a quien el pueblo atribuye haber consumado un fraude electoral para alzarse con la candidatura presidencial.
