El pasado 6 de noviembre de 2014 se cumplieron 170 años de proclamada en “la Villa de San Cristóbal” nuestra Constitución. Tiempo más que prudente para determinar si ha sido positivo o negativo nuestro proceso constitucional, el cual discurre conjuntamente con nuestra vida “independiente y democrática”.
Nuestro constituyente se reunió en San Cristóbal para alejarlo de las influencias políticas que ejercían los grupos que luchaban por el poder en la naciente república. Según la afirmación del cónsul francés Eustache Juchereau de Saint-Denys, a fin de dejar a los diputados “toda la libertad de opinión y de acción y de sustraerlos a la influencia perniciosa del espíritu de partido”. Pero fue inútil. Hasta allí llegó la sombra del general Santana, quien sostenía que el estado de guerra demandaba un gobierno militar, no civil, y sin restricciones de movimiento.
La crisis concluyó con la inclusión de un artículo a la Constitución a instancia de Don Tomás Bobadilla y Briones. Este planteaba lo que sigue, Art. 210: “Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el Presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y la seguridad de la Nación; pudiendo en consecuencia, dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna”.
Es decir, se dejaba libre y sin contrapesos al ejecutivo. Luego no fue distinta esa práctica. Y, así como cinco hombres resumen casi toda nuestra vida “independiente” (Santana, Báez, Heureaux, Trujillo y Balaguer), con prácticas conservadoras del poder, clientelismo, utilización de los recursos públicos para fines personales o partidarios, corrupción a todos los niveles -y un amplio etcétera-; en sentido inverso hemos tenido escasos momentos de respeto a la Constitución y de vida realmente democrática.
Nuestra Constitución ha sido modificada tantas veces como requerimientos tuviese en su momento quien mandaba en el país, siendo la de mayor duración la del 28 de noviembre del año 1966, extremadamente conservadora, con 28 años.
Luego, la Constitución del 14 de agosto 1994, fue modificada el 25 de julio 2002, igual que en periodos anteriores: o para solucionar “un tranque o crisis política”, o para cumplir apetencias de permanencias en el poder del mandatario de turno.
La Constitución actual, del 26 de enero de 2010, es un buen instrumento que aún no desarrolla sus potencialidades, que debe ser asumido como una norma por la ciudadanía, que debe hacerla suya y “vivirla, cumplirla y exigirla”. A ver si se transforma de una Constitución “formal” a una “real” (Lassalle).
Pues, realmente disfrutamos un “Estado Social y Democrático de Derecho” (art. 7), se respeta a las mayorías, a las minorías y a los disidentes; existe la igualdad (art. 39), nuestra justicia es independiente y capaz de castigar la corrupción administrativa, tenemos un verdadero sistema de “pesos y contrapesos”.
Muchas serían las preguntas, negativas mayoritariamente las respuestas, siendo objetivos. El proceso político y las recientes decisiones del Tribunal Constitucional implican una pronta revisión por los mismos motivos de siempre: “concluir aspectos que se dejaron pendientes y adaptarla al presente”, entre otras justificaciones espurias.
Por estas razones nuestro balance ha sido negativo, habiendo tenido el pueblo dominicano por 170 años una “farsa” de Constitución y padecido un “sainete” de sistema democrático.
