¿RD$47.4 millones así…?

Las buenas realizaciones de la Administración suelen empañarse por determinados comportamientos, fuentes de cuestionamientos, soterrados o públicos. El programa estrella del presidente Danilo Medina es el de la “revolución educativa”, por…

Las buenas realizaciones de la Administración suelen empañarse por determinados comportamientos, fuentes de cuestionamientos, soterrados o públicos. El programa estrella del presidente Danilo Medina es el de la “revolución educativa”, por lo visto no está exento de ese mal.

Corren las versiones sobre los procedimientos para adquirir los solares que habrán de alojar las escuelas. A veces determinadas por las características, la ubicación o la naturaleza de los suelos. Nadie hace caso, pero no dejan de inquietar.

Ahora hay alarma por la “compra” de un solar de 15 mil metros cuadrados en la comunidad rural de Los Peralejos de Santo Domingo Oeste para la construcción de dos centros escolares. Lo insólito del caso, que ha debido ser judicializado, es que al Estado, concretamente al Ministerio de Educación, le vendieron un bien inmueble ajeno. ¡Increíble! ¿Verdad?

¿Cómo es posible que el Estado dominicano haya desembolsado RD$47.4 millones por un solar vendido por personas que no eran sus propietarios?
¿Con qué título se realizó la tramitación del expediente? En todo caso, si la operación se afirmó en un título falso, ¿no tiene el departamento correspondiente del Ministerio de Educación los medios para determinar el estatus del solar, es decir, la parcela y el distrito catastral en que está ubicado?

Más aún, la Jurisdicción Inmobiliaria de la República Dominicana tiene en línea la generalidad de los bienes inmobiliarios registrados. ¿Cómo no verificaron el estatus de esa parcela?

Además, un hecho elemental que caracteriza las transacciones inmobiliarias muy claramente delimitado por la ley, es la publicidad. ¿Cómo las autoridades del Ministerio de Educación no pidieron la debida certificación del estado del bien, un procedimiento de fácil acceso a todo público?

Asimismo, ¿cómo desembolsar, así por así, con cheque, tanto dinero, sin que a nadie se le ocurriera verificar el expediente?

Por más ingenuos que seamos, hay que concluir que no basta con perseguir a los supuestos estafadores. Tienen que ser investigados quienes permitieron tamaña estafa.

La complicidad no es sólo por comisión, sino por omisión, por dejar de hacer lo que corresponde, que es el cumplimiento del deber, la obligación moral, ética y administrativa de defender los bienes públicos.

Eso hay que investigarlo más allá. 

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