El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Julio César Castaños Guzmán, se sumó ayer a las voces que reclaman un mayor presupuesto para el Poder Judicial.Castaños Guzmán y la fiscal del Distrito Nacional, consideraron que deben tomarse en cuenta también al Ministerio Público, la Policía, la Defensoría y demás actores del sistema de justicia.
Servio Tulio Castaños Guzmán, de la Finjus, sostuvo que no se puede pedir eficiencia a un poder del Estado cuando no se le están asignados los fondos necesarios.
Manifestó que “en República Dominicana hacen falta jueces, los tribunales están sobrecargados, nuestros jueces están sobrecargados de trabajo, porque en el país existe un juez por cada 14 mil habitantes; en la provincia de Santo Domingo existe un juez por cada 45 mil habitantes”.
De igual forma agregó que el 97% de los recursos que cada año recibe el Poder Judicial se invierten en gasto corrientes y solo el 3% se dedica a la formación de jueces.
Abogó porque se asigne la partida que por ley corresponde al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia y Ministerio Público), es decir, un 4.10% del presupuesto, lo cual, en términos monetarios equivale a unos RD$11 mil millones.
Justicia para la justicia
Jáquez Liranzo, de Prensa y Derecho, dijo que “la reclamada seguridad ciudadana solo la otorga un efectivo y eficiente sistema de justicia donde sus necesidades de capacitación, infraestructuras, salario, seguridad social y estabilidad estén garantizadas en la partida presupuestaria del Estado dominicano”.
Aclaró que no se puede ver la solución en una asignación presupuestaria aislada a uno de los operadores del sistema, porque de nada sirve dar una justa partida presupuestaria a uno de los actores si se deja desmembrado económicamente al otro.
“La asignación debe ser vista en un todo, sistémica, la Justicia no son solo los jueces, también están los fiscales, defensores públicos, la Policía, alguaciles, intérpretes judiciales y abogados. Y en cada uno de ellos incide una delicada responsabilidad en el sistema de justicia”, sostuvo. En tal sentido abogó por que se haga “justicia para la Justicia”.
No solo es presupuesto
De su lado, la fiscal Yeni Berenice Reynoso indicó que el sector justicia penal tiene que ser relanzado.
“Es muy cierto que los jueces no tienen el salario que deberían tener y las precariedades del Poder Judicial son evidentes, pero el Ministerio Público tiene las mismas o más, lo mismo pasa en la Policía y la Defensoría Pública”.
Agregó que “el tema no es solo salario, es de mayor tecnificación de la investigación, capacitación continua de los actores del sistema… en general de recursos humanos y económicos”.
Dijo que es preciso “hacer evaluaciones de desempeño reales para que quienes no tengan el perfil o el rendimiento esperado salgan del sistema, es por eso que hablamos de relanzamiento porque el tema salarial es solo un capítulo de los desafíos de la justicia penal dominicana”.
Compromisos
Unas 22 leyes comprometen el 69.9% del presupuesto nacional del Estado.
Entre estas está la Ley 194-04, sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa que en su artículo 3 dice que “el Presupuesto del Poder Judicial será de por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: un 65% del 4.10% para la Suprema Corte de Justicia y un 35% corresponderá al Ministerio Público.
Al Poder Judicial nunca se le ha entregado la partida presupuestaria que por ley le corresponde, los jueces se han movilizado para que eso cambie y se cumpla la ley.
Suprema Corte ya pidió más recursos al Congreso
El pasado 15 del mes en curso, en una reunión con los integrantes de la comisión bicameral que estudia el presupuesto para el 2014, el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, explicó las razones por las cuales solicita que a los RD$600 millones que les fueron adicionados, para un total de RD$4,806,643,647, les agreguen RD$620 millones, para cumplir con compromisos de alta prioridad para el Poder Judicial. Detalló que de recibir los 1,220 millones de pesos adicionales destinará RD$220 millones para la Jurisdicción Inmobiliaria, RD$500 millones para mejorar la infraestructura de los tribunales a nivel nacional y RD$500 millones para mejorar los salarios de jueces y demás servidores judiciales.
