Ahora tenemos un grupo denominado Resistencia Popular Duartiana, que se declara a favor de la opción armada para alcanzar sus propósitos, que define como políticos. En un comunicado declara que prefiere los “métodos cívicos”, pero alega que la indolencia y prepotencia del gobierno lo “obliga a empuñar las armas para reclamar las necesidades más sentidas de la población”.
Era lo que faltaba. Un grupo de personas que recoge concepciones ya superadas para proclamar la vía violenta para alcanzar supuestos ideales políticos. Es un factor más de violencia a la estresada sociedad dominicana, bajo el accionar de narcotraficantes y otros tipos de criminales profesionales.
Hay quienes podrían restarle importancia a la agresión a la oficina del senador Amílcar Romero, y asumir que se trata de unos “alocados”. Sería un error verlo de esa manera.
Denuncia políticamente a los legisladores, y cuando se refiere al senador por la provincia Duarte dice que el atentado a sus oficinas no estaba dirigido contra él –personalmente- ni contra el militar que custodia el local. Pero aboga por la violencia, y hay que imaginar que en algún momento atacará a ciudadanos en nombre del ejercicio de la política.
Es un grupo que entraña riesgos para el ejercicio de la política en la sociedad democrática, bajo el imperio de una Constitución.
El país está en un proceso electoral y los ciudadanos tienen derecho a expresar sus ideas y aspiraciones, libremente. No estamos bajo un gobierno dictatorial. El grupo Resistencia Duartiana obviamente se coloca al margen de la ley.
Los dominicanos rechazan la violencia. Ese método fracasó en el continente, y quienes están bajo las armas lo que buscan ahora es la inserción social.
Muchos de los movimientos armados de la década de los 60 hoy gobiernan en varios países, después del fracaso de las vías violentas. Escoger esa opción, es un absurdo.
