Diversos actores de la sociedad condenaron ayer las presiones ejercidas contra el Estado dominicano para que busque una solución a los afectados por la sentencia TC/168/13, sobre la nacionalidad, y defendieron la soberanía de la nación. Las palabras de la Comunidad del Caribe (Caricom), en la persona del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, advirtiendo a República Dominicana que él no regresará como observador a la comisión bilateral con Haití hasta que el presidente Danilo Medina presente el prometido proyecto de ley sobre naturalización, fueron las más repudiadas, por lo que fue calificado incluso, de “fresco y atrevido”, “irrespetuoso”, y de no ser “amigo de la República Dominicana”.
Sobre el tema, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, fue enfático al decir: “Yo creo que la República Dominicana es un Estado soberano. Yo no creo que a República Dominicana la gobierne el Caricom”.
Indicó también que “cada país tiene derecho a darse la norma que entienda que más se ajuste a su Constitución y sus leyes, y esa norma debe ir en correspondencia con el Derecho Internacional”.
Calificó como desconsiderada y abusiva la intención de cualquier gobernante o cualquier institución, pretender imponer un tipo de norma a un país.
“Si él (Gonsalves) no se siente cómodo, lo mejor que debe hacer es ausentarse, yo creo que es una buena decisión, porque por demás, él no es imparcial. Si él no es imparcial, incluso, su presencia es una imprudencia”, precisó.
No tienen coherencia
Rosario acusó a quienes ejercen presión sobre el país de no ser coherentes. “La mayoría de los Estados, y la mayoría de las instituciones que están presionando son los mismos que se están negando a recibir esos inmigrantes en su propio país”, reflexionó.
Continuó expresando que “esa solidaridad no llega a aceptarlos en su territorio, la solidaridad de ellos llega a obligarnos a aceptar una migración que está por encima de la capacidad del Estado dominicano”. El funcionario entiende que si estos Estados que critican al país son tan solidarios deben compartir, así como Dominicana tiene un millón de inmigrantes que desborda su capacidad, “así mismo ellos deben ser solidarios aceptándola en el de ellos”.
Instó a Gonsalves a referirse a la Isla San Vicente y las Granadinas, porque “no tengo entendido que él no es presidente ni autoridad de la República Dominicana”.
Fue irrespetuoso
De su lado, monseñor Agripino Núñez Collado le tomó la palabra al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, en el sentido de que se está consultando para presentar el proyecto de ley de naturalización; al tiempo que entiende que debe seguir el diálogo con Haití.
“Ese presidente del Caricom no es amigo de República Dominicana…”, concluyó. Dijo, además, que no se puede actuar por presiones. “El presidente del Caricom mostró ser un irrespetuoso en la conferencia de Cuba, de modo que hagámosle caso a lo que está haciendo el presidente Medina”, resaltó.
Puntualizó que el país no puede estar a expensa de lo que digan otros. “Lo que creemos nosotros como país soberano, respetando los derechos humanos, eso es lo que nos debe importar no lo que digan otros”, manifestó.
Sobre la advertencia de Gonsalves dijo que “si quiere retirarse es su derecho, pero la República Dominicana es un país soberano”. Pidió que se indagara cuántos haitianos hay en ese “paisito” (San Vicente y Granadinas).
De su lado, el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, abogó porque se dé al país la oportunidad de ver cómo resuelve estos inconvenientes y llamó a Gonsalves a serenarse. “Yo creo que ese señor (Gonsalves) tiene que serenarse porque esos pronunciamientos a quien no le están favoreciendo es al Caricom”, señaló.
Aclaró que aquí no se está deportando a nadie sino que se está tratando de ver cómo se le puede buscar una salida razonable a la situación.
Una “frescura”, dice Vincho
El titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio (Vincho) Castillo dijo que esta postura del Caricom era una frescura y un atrevimiento. “Son unos frescos y atrevidos, porque nosotros somos un Estado independiente y soberano, y tenemos derecho a la auto determinación y no puede venir nadie, como lo dijera el Presidente en La Habana, grande ni pequeño, pueden venir a indicarnos qué hacer”, adujo.
Mientras, Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que era algo inaceptable. “La soberanía nacional está por encima de todo ese tipo de situaciones, entendemos que es una actitud que no se corresponde con el manejo mínimo en términos de protocolo y la ética que ameritan estos procesos”, sostuvo.
Otros que presionan
Además del Caricom, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) también empezó a presionar públicamente por el tema.
La jefa de la misión de Minustah, Sandra Honoré, se quejó de que el Gobierno dominicano no ha ofrecido ninguna información sobre la ley que supuestamente prometió sometería al Congreso.
El pasado 27 de febrero el presidente Medina dijo “que en los próximos días junto a un paquete de leyes que serán depositadas estará también la ley de naturalización”. Agregó que ese fue un compromiso que asumió con organismos como las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como con varios gobiernos.
“Si las autoridades dominicanas no pueden proporcionar una solución completa para todos los ciudadanos afectados por el fallo de la Corte, la línea dura en el lado haitiano podría desafiar y debilitar la posición de su gobierno en el proceso de diálogo República Dominicana-Haití”, advirtió Honoré. Igualmente, observó que algunos partidos políticos de Haití podrían tener la tentación de aprovechar la debilidad percibida del Gobierno haitiano en el tratamiento del tema con la República Dominicana para sacar provecho político.
Protestas y consultas
Durante una manifestación organizada por el grupo Reconoci.do los legisladores Hugo Tolentino Dipp, Jorge Frías, Guadalupe Valdez, Julio Encarnación, Alexis Jiménez y Juan Hubieres se pronunciaron contra el fallo de la alta corte.
El pasado miércoles, Medina Sánchez afirmó que está en consulta de los distintos sectores y prometió “que en los próximos días” el país tendrá por lo menos la propuesta. “Estamos consultando todavía a sectores, porque tenemos una sentencia que nos obliga, pero vamos a buscar la forma más idónea posible para que nosotros podamos salir de esta situación”, expresó.
El primer mandatario creó una comisión de alto nivel para discutir varias propuestas a fin de encontrar una salida humanitaria a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Luego del referido fallo, que vino a confirmar un criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia en el año 2005, el país ha sido fuertemente atacado, siendo acusado incluso de ejercer discriminación para con los descendientes de haitianos nacidos en el país.
El fallo que generó todo el debate
El Tribunal Constitucional, en la sentencia 168-13, determinó que a los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito (ilegales) no les corresponde la nacionalidad dominicana. La alta corte explica, en cuanto al concepto de “extranjero en tránsito”, que esta categoría de personas figura en todas las Constituciones dominicanas, sin excepción, a partir de la Carta Magna del 20 de junio de 1929 y que, según se infiere de la antigua Ley No. 95, de 1939, sobre Inmigración, y su Reglamento No. 279, los “extranjeros en tránsito” son aquellos que no tienen domicilio legal en la República Dominicana.
Debate
Los afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional reclaman que les entreguen sus documentos”.
Apoyo
Seis diputados se solidarizaron con los afectados con el fallo sobre la nacionalidad durante una manifestación en el Congreso”.
