La Presidenta de la Cámara de Cuentas advirtió ayer que el funcionario público que no haga su declaración jurada en el tiempo y plazo acordados, se le podría retener su salario como lo establece la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio. Licelott Marte de Barrios dijo que la disposición establece, además, que las declaraciones juradas abarcarán por primera vez a los integrantes de organismos constitucionales como las altas cortes, la Suprema Corte de Justicia y el personal de dirección de la Junta Central Electoral (JCE).
Informó que la ley especifica que la Cámara de Cuentas debe enviar los listados después de los 30 días a la Procuraduría General de la República para que investigue por qué fueron tardíos u omisos.
Aunque explicó que el reglamento para la aplicación de esa normativa, que salió recientemente, establece que cuando el funcionario público no haga su declaración jurada en el tiempo y plazo acordado, la Cámara de Cuentas tiene que enviarle el listado a la Tesorería Nacional, para que el tesorero le retenga el salario. “Luego que el funcionario declare, le reponen su sueldo”, explicó Licelott Marte de Barrios.
La funcionaria habló tras girar una visita al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, a quien le solicitó el listado de los candidatos electos, así como de los funcionarios salientes, ante el Congreso y el nivel municipal, para agilizar los trabajos de auditorías y declaraciones juradas de bienes.
