A las voces que advierten a los diputados sobre el carácter inconstitucional del proyecto de Presupuesto aprobado por mayoría simple, se suman la Fundación Justicia y Transparencia, la Anje y dos partidos de oposición.
Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, anunció ayer que de concretarse la Ley de Presupuesto en violación a lo que establece la Carta Magna, tramitará un recurso de inconstitucionalidad en su contra y asistirá a las entidades afectadas que lo soliciten.
El proyecto de Presupuesto fue aprobado el pasado martes en primera lectura con mayoría simple, a pesar de que el artículo 112 de la Constitución declara que debe contar con el consentimiento de las dos terceras partes de los presentes de cualquiera de las cámaras.
Justicia y Transparencia llamó a los legisladores a que en la segunda lectura de hoy incorporen la partida del 4% del producto interno bruto para la educación, el 5% del Presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y un aumento para la Justicia.
Asimismo, la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Lara Guerrero, indicó que el proyecto de ley no contempla las partidas presupuestarias de cada uno de los ministerios, como lo ordena el artículo 35 de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Lo que hace es que establece la suma asignada para cada ministerio, en sentido general, delegando sobre el Poder Ejecutivo la facultad de aprobar mediante decreto el desglose de las partidas.
“Resulta cuestionable la manera que este proyecto concibe al Poder Ejecutivo como una institución que abarca a todos los ministerios, pues entra en contradicción con la Constitución en su artículo 234, que prohíbe la transferencia de los recursos presupuestarios de una institución a otra, sino en virtud de una ley”, indicó Guerrero.
Para Anje es de alta preocupación esta falta, pues considera que afecta la transparencia e institucionalidad que debe garantizar el presupuesto.
Mientras que el presidente de la Comisión de Política Económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Arturo Martínez Moya, calificó la pieza como “injusta e ilegal”, que sólo beneficia la Presidencia para que pueda usar esos recursos en la campaña de su candidato Danilo Medina.
En tanto que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) pidió al Partido de la Liberación Dominicana que cumpla con el compromiso que suscribió en diciembre de 2010 con su organización, de destinar el 16 por ciento del Presupuesto de 2012 para Educación.
El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, propuso que se transfieran 2,320 millones de pesos para Educación, de lo asignado a la Presidencia de la República, a fin de elevar al 16% el gasto del Gobierno en ese sector.
Exigencias al Congreso
Las pancartas amarillas se mantienen firmes frente al Congreso hasta hoy que la Cámara de Diputados conoce en segunda lectura el proyecto de ley de Presupuesto. Su lucha continuará más allá de la sesión que agotarán esta mañana los legisladores.
La Coalición por una Educación Digna advierte que con el 4% del PIB o sin éste mantendrá su lucha por un trabajo de mejor calidad en las escuelas del país. Mientras que el rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, solicitó ayer a la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, de la Cámara Baja, que medie para que el Gobierno otorgue fondos a la institución a más tardar en diciembre próximo, para poder cumplir con los compromisos contraídos este año. Además, expuso que si en la ley de Presupuesto no se consigna el 5% que por ley le corresponde a la UASD, que el Gobierno la incluya en el presupuesto complementario que se conocerá a mediados del año próximo.
PRD pide se explique sobre acuerdo FMI
La Comisión de Política Económica del PRD exigió al Gobierno que explique las razones por las cuales el Fondo Monetario Internacional no conoció la carta de intención para el acuerdo Stand By, el pasado viernes 14.
Arturo Martínez Moya, presidente de la Comisión, indicó que el país pasa por una importante negociación con el FMI para lograr la aprobación de la séptima revisión del acuerdo, para poder cumplir con los compromisos presupuestarios de 2011.
