El pasado 27 de septiembre los candidatos presidenciales firmaron un “Compromiso Político y Social por la Educación”, en el cual se comprometieron ante el país, además de cumplir con el mandato de la Ley 66-97 de asignar al Ministerio de Educación (Minerd) el 4% del PIB, a: 1) realizar una profunda transformación de la gestión del sistema administrativo del Minerd poniendo particular énfasis en la mejora del sistema financiero y del sistema de gestión de personal, orientado esto último, primero a desterrar el clientelismo, que se ha convertido en un mal endémico del sistema educativo y, segundo, a sólo nombrar los funcionarios que sean necesarios; 2) Fortalecer el Consejo Nacional de Educación para que ejerza una verdadera función de fiscalización y supervisión, cumplir con el mandato de ley que instituye la descentralización del MINERD; 3) crear el Fondo Nacional de Fomento a la Educación previsto en la ley; 4) definir estrategias para incorporar la participación de la comunidad en el quehacer de los centros y los distritos educativos; 5) diseñar y poner en ejecución estrategias, políticas y programas orientados a la formación y la dignificación del maestro y de los directivos del sistema educativo; 6) partir de los planes ya elaborados para diseñar un Plan de Acción a ser ejecutado en los cuatro años que dure su período de gestión, y 7) presentarle al electorado, en su programa de gobierno, el cómo va a lograr los objetivos que se trace en dicho plan de acción. Resolver algunos de estos problemas constituye un prerrequisito para que el uso del 4% produzca los resultados esperados en materia de mejora de la educación del país.
Los candidatos presidenciales deben presentar al electorado sus propuestas en relación a cada uno de estos compromisos. Además, deben presentar sus propuestas relativas a temas que no están consignados en el compromiso firmado, pero que forman parte de la agenda educativa, como es, entre otros, lo relativo a la educación y el trabajo y a la educación y la competitividad, temas estos que remiten a la formulación de estrategias vinculadas directamente con el subsistema de formación técnico profesional y al subsistema de la educación superior. Ambos temas deberían ocupar un lugar central en los planes de gobierno de los candidatos, pues lo que se defina tendrá una repercusión directa en la competitividad del país. Sin un subsistema de educación superior fuerte, orientado, no tan sólo a la formación del capital humano requerido por el país, sino también a potenciar la capacidad de innovación del sector productivo, difícilmente el país estará en condiciones de competir en el mercado internacional. Hasta el momento los candidatos presidenciales no han abordado, con la profundidad requerida, prácticamente ninguno de estos temas.
En su comparecencia al almuerzo de la Asociación de Industrias de la RepúblicaDominicana (AIRD), los candidatos Danilo Medina e Hipólito Mejía fueron muy escuetos en sus pronunciamientos y dejaron la mayoría de los temas antes mencionados sin tratar. Danilo Medina ratificó su compromiso de cumplir con el 4%, se comprometió a garantizar el acceso a la educación, a implementar la jornada de 8 horas garantizando alimentación y salud y poner en marcha un sistema nacional de innovación y aprendizaje.
Hipólito Mejía también reiteró su compromiso con el 4%. Propuso realizar una profunda transformación institucional del sistema educativo para mejorar la calidad, se comprometió a dar prioridad a la educación técnico profesional y a capacitar la mano de obra para mejorar la competitividad. En ambos casos las propuestas dejaron fuera la mayoría de los temas de la agenda educativa, inclusive de los compromisos firmados y en ningún caso plantearon cómo piensan alcanzar estos objetivos.
Hay que reconocer que el tiempo y el número de temas que se les pidió que trataran en su intervención no se prestaba para un tratamiento en profundidad de sus propuestas, pero lo poco que trataron no permite al elector formarse una idea acabada de cómo van a afrontar el gran desafío que tiene el país en materia de educación.
Es de esperar que en lo que resta de campaña, y al presentar sus programas de gobierno, los candidatos sean más concretos en sus planteamientos de cómo piensan transformar el sistema educativo nacional, desde el nivel inicial hasta el nivel superior. El tema educativo es parte esencial de la agenda de desarrollo del país y merece que los candidatos hagan el esfuerzo de articular propuestas que convenzan a los electores en general y, de manera particular a los electores que tomarán en cuenta la propuesta educativa de los candidatos para decidir por quién van a votar.
