La administración del presidente Danilo Medina ha sorprendido al país con el anuncio de desestimar el proceso iniciado por el Estado frente a un grupo de personas que mediante vías cuestionables se apropiaron de un bien público.
El caso fue denunciado inicialmente por el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en 1996, el hoy senador Wilton Guerrero, del gobierno de la época, precisamente, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como un grosero fraude contra el Estado.
El Estado decidió encausar a quienes procedieron apropiándose de un bien público. El caso lleva 16 años en la justicia y no termina. El gobierno, invocando la miseria de los pueblos sureños, ahora se desentiende de su demanda y opta por una transacción.
Desde el punto de vista jurídico, habría que ver si en un hecho en que se señalan violaciones a las leyes, que movieron la acción pública, no se está vulnerando la institucionalidad con semejante proceder.
Si existe un marcado interés en impulsar el desarrollo de esa zona, como se dice, por qué no se impulsa de verdad un proyecto como la presa de Monte Grande, que está paralizado. Precisamente, el senador de Barahona, Eddy Mateo Vásquez, se preguntaba por qué el Ministerio de Hacienda no da los pasos necesarios para propiciar el financiamiento de esa obra.
Mientras, el gobierno de Medina está cosechando rechazo con su idea de “salvar” la región Enriquillo. Está legitimando lo que según toda la documentación histórica fue una defraudación contra el Estado. Desecha las vías institucionales y pacta una negociación que conlleva una renuncia a unos derechos que la opinión pública y la realidad le reconoce como propios.
Si de verdad existe voluntad política en favor de Pedernales y todas las provincias de la región Enriquillo, las instituciones públicas, bajo un liderazgo tan abarcador como el que ahora gobierna la Nación, tiene los instrumentos a su alcance.
