La situación actual en materia de competitividad en la República Dominicana es muy lamentable, confirmado esto por numerosos indicadores de organismos internacionales como el Foro Económico Mundial.Nuestro país tiene un impresionante potencial para la expansión de sus sectores productivos y para atraer inversión extranjera y local de importancia, pero existen tantas barreras y trabas burocráticas que impiden el aprovechamiento de dicho potencial, que no estamos ni cerca de alcanzar las metas más básicas del adecuado desarrollo.
Largos y a veces interminables plazos de espera, exceso de pasos en los procesos de gestión de permisos y licencias en la administración pública, exigencias de sobornos y sobreprecios por parte de algunos servidores públicos, negligencia e incapacidad del capital humano, entre otras cosas similares, son sólo algunos de los obstáculos que empresarios locales y extranjeros deben enfrentar a diario en nuestro país, lo que evidentemente desincentiva la inversión, la innovación y la actitud emprendedora.
Es por esto que resulta tan importante la presentación de la “Alianza por el Compromiso” realizada en el día de ayer por los candidatos presidencial y vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía y Luis Abinader, ante líderes empresariales, representantes de distintos grupos de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general.
Se trata de un interesante conjunto de propuestas de políticas públicas, consistente en cuatro grandes iniciativas destinadas a eliminar las barreras señaladas, crear un clima adecuado para una libre competencia en condiciones de igualdad, propiciar la capacitación del material humano, estimular la creación de empleos y entre otras cosas mejorar la competitividad de la República Dominicana. Las propuestas en cuestión, que incluyen piezas legislativas, fueron elaboradas por un equipo de técnicos expertos en los temas tratados que realizaron serias y profundas investigaciones y un análisis situacional para llegar a las sugerencias más atinadas a fin de dar solución rápida y efectiva a los problemas.
Entre los ejes fundamentales propuestos se encuentra una Ley de Respuesta Rápida que procura sanciones positivas para el habitual silencio administrativo que caracteriza hoy muchas oficinas gubernamentales y así agilizar los procesos, la creación de un sistema de ventanilla única por institución para reducir los pasos que abultan innecesariamente muchos procedimientos, la elaboración de garantías de estabilidad para reforzar las reglas de juego y un gabinete de inversión para dar seguimiento al cumplimiento cabal de todo lo anterior.
