El procurador general de la República aseguró ayer que el caso de Amable Aristy Castro representa un gran desfalco para el Estado.El magistrado Francisco Domínguez Brito dijo que las investigaciones en torno al exsecretario general de la Liga Municipal Dominicana, se sustenta en los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas (2006 y 2009), los que reflejan que se erogaron más de mil millones de pesos en beneficio de personas allegadas al actual senador, y gastos injustificados no permitidos por la ley.
Detalló que esos recursos fueron utilizados de manera irregular en el manejo de publicidad inadecuada, nóminas de ayudas a personal fijo por más de 149 millones de pesos, de los cuales 1,710 beneficiarios eran relacionados del municipio de Higüey, con asignaciones de 20 mil y 22 mil pesos. Las auditorías reflejan además gastos en la compra de un helicóptero valorado en más de 900 mil dólares y consumos operacionales del mismo por casi nueve millones de pesos.
El pasado jueves el juez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, prescindió de imponer medida de coerción al legislador por La Altagracia.
En tanto, Domínguez Brito sostiene que de acuerdo con la ley, el peligro de fuga es también por la gravedad de los hechos.
