Para preservar la democracia es preciso mejorar las condiciones de vida de millones de personas que viven virtualmente ajenas al desenvolvimiento económico, sin acceso seguro a las fuentes de empleo y riquezas que genera la actividad productiva de todos y cada uno de los países de este hemisferio. No se concibe la existencia sin libertad ¿Están millones de dominicanos, hondureños, guatemaltecos, bolivianos, haitianos, salvadoreños y nicaragüenses, en condiciones de formularse el mismo planteamiento?
Es una pregunta inquietante por cuanto, en efecto, la democracia es el más probado de los sistemas políticos y el único capaz de garantizar a la mayoría de la población sus más elementales derechos políticos y sociales. Como la distribución del ingreso presenta escalas perturbadoras, una de las tareas más prioritarias debería consistir en procurar cierto grado de equidad social.
Los niveles de distribución de la riqueza deben marchar parejos con los adelantos en materia de desarrollo político y fortalecimiento democrático. Años de fracasos en el campo de la acción económica y social han contribuido a profundizar las diferencias abismales entre minorías privilegiadas y mayorías postergadas. Sólo si se superan los niveles heredados de miseria e indigencia en esos estratos mayoritarios de la población, se evitará la amenaza de un caos social. Sectores muy grandes se han visto condenados a un estado de postración, privados de los beneficios básicos del crecimiento y el desarrollo.
En el país se habla a diario de educación y salud como dos prioridades fundamentales. Pero la enseñanza pública es un desastre y los hospitales del Estado son almacenes de enfermos. Construimos modernas líneas de metro pero necesitamos de ayuda española para dotar de letrinas algunas regiones y la zona fronteriza es un amasijo de necesidades elementales.
