RíO DE JANEIRO. Gobernantes latinoamericanos exigieron un mayor compromiso de los países ricos con la protección ambiental en la cumbre sobre desarrollo sustentable Río + 20.El presidente boliviano Evo Morales criticó al capitalismo de los países avanzados que a su juicio promueve un modelo económico depredador mientras exigen protección ambiental a las naciones pobres.
El mandatario ecuatoriano Rafael Correa señaló a las naciones más ricas como las mayores responsables de la contaminación ambiental, por lo que consideró que ellos deben financiar la preservación de la naturaleza en el mundo.
A su vez, el presidente colombiano Juan Manuel Santos lamentó que la cita que debe concluir el viernes en Río de Janeiro no hubiera alcanzado mayores compromisos sobre protección de océanos y otros temas, pero conmemoró que el borrador de la declaración final incluyera la propuesta de su país de establecer metas de desarrollo sustentable que deben ser definidas por especialistas de todo el mundo.
Entre tanto, el gobernante cubano Raúl Castro acusó una “falta de voluntad política (e) incapacidad de los países desarrollados para actuar conforme a las obligaciones que se derivan de su responsabilidad histórica y su posición actual”.
“Es un acto de colonialismo que los países del sur carguen en sus espaldas la responsabilidad de proteger el medio ambiente, destruido por el capitalismo del norte”, declaró Morales en su intervención en el plenario de la cumbre.
Fustigó el concepto de “economía verde” incluido en el documento final, y que los países europeos intentaron que tuviera una formulación precisa como un sistema productivo que privilegiara la preservación ambiental. La presión de Bolivia y otros países llevó a que el concepto quedara como una meta que cada país pueda definir a su conveniencia.
Por su parte, Correa mostró gráficos a sus colegas en los que indicó cómo los países con un mayor nivel de vida tienen mayores emisiones per cápita de gases causantes de efecto invernadero.
Países en desarrollo intentaron incluir en la declaración final un fondo de 3,000 millones de dólares anuales para la promoción del desarrollo sustentable pero no fue agregado en el texto que debe ser acogido por los gobernantes.
